Redacción Vía Paraná
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, en el marco de las causas por corrupción que fueron juzgadas por la Justicia entrerriana.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada en Paraná en abril de 2022.
Además de los ocho años de prisión, Urribarri fue condenado a inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Tras conocerse la decisión del máximo tribunal nacional, el Ministerio Público Fiscal avanzará con un pedido para que el exgobernador cumpla efectivamente la condena en prisión.
También quedaron firmes las condenas contra Báez y Aguilera
La resolución de la Corte alcanza además a otros de los principales condenados en el proceso judicial.
Entre ellos se encuentran el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, quienes también recibieron penas de prisión efectiva e inhabilitación.
Los planteos presentados por las defensas ante la Corte Suprema fueron rechazados, con lo cual quedaron agotadas las instancias recursivas en esos casos.
Urribarri había estado detenido durante 50 días
El exgobernador ya había atravesado un período de detención luego de que, en noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos dispusiera su prisión preventiva.
La medida fue adoptada mientras continuaba el trámite judicial de la causa, pero posteriormente fue revocada en enero de 2025 por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Urribarri permaneció detenido durante aproximadamente 50 días
Ahora, con la decisión adoptada por la Corte Suprema, la situación judicial cambia sustancialmente debido a que la condena dejó de estar pendiente de revisión ante el máximo tribunal del país.
Una condena dictada en Paraná en 2022
El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Sergio Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia determinó su responsabilidad penal por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante el proceso se analizaron distintas contrataciones y utilización de recursos públicos ocurridas durante sus gestiones al frente del Gobierno de Entre Ríos.
Entre los hechos investigados estuvieron contrataciones de publicidad oficial, cartelería en vía pública, la instalación de un parador en Mar del Plata y la producción y difusión de piezas audiovisuales durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
También formó parte del proceso la denominada causa del “Sueño Entrerriano”, vinculada con acciones desarrolladas durante el período en el que Urribarri buscaba proyectar su candidatura presidencial.
El recorrido de la causa hasta llegar a la Corte
Luego de la sentencia de 2022, las defensas recurrieron las condenas ante las distintas instancias judiciales.
En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó las penas. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los planteos presentados por las defensas.
Los condenados recurrieron entonces ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación buscando revertir las decisiones adoptadas por los tribunales entrerrianos.
Este jueves 3 de septiembre, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos, dejando firme la condena contra el exmandatario entrerriano.
Dos períodos como gobernador de Entre Ríos
Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015.
Tras finalizar su mandato fue electo diputado provincial y, años más tarde, durante la presidencia de Alberto Fernández, fue designado embajador argentino en Israel.
Renunció a ese cargo diplomático en 2022, luego de conocerse la condena dictada por la Justicia entrerriana.
Con la resolución de la Corte Suprema, el expediente entra ahora en una instancia decisiva: la ejecución de las penas que quedaron firmes y la definición sobre el lugar y las condiciones en las que deberán cumplirse.