La Iglesia Católica cuestionó los ítems en los que se consultaba a los alumnos sobre la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. 


El operativo “Aprender 2018” se realizó el pasado 19 de octubre en la provincia de Entre Ríos y participaron del mismo más de 22 mil alumnos de sexto grado. Pero, a casi un mes de esta evaluación que se hizo a nivel país, tres Obispos de la provincia reprobaron la inclusión de preguntas sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en cada escuela. 

Juan Alberto Puiggari de Paraná, Héctor Zordán de Gualeguaychú y Luis Collazuol de Concordia fueron los que cuestionaron la “intromición” del Estado al consultar por el ESI en las evaluaciones que realizaron 22.363 alumnos del último año de primaria, según detalla La Voz.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Educación de la Nación, que a diferencia de las otras dos ediciones, decidió incorporar preguntas para monitorear la aplicación de diferentes políticas educativas. Además del ESI, se consultó sobre educación intercultural bilingüe y educación rural, por ejemplo.

Como representantes del Consejo Provincial de Educación Católica de la provincia de Entre Ríos, consideramos inaceptable esta intromisión que contradice abiertamente la gradualidad y el enfoque que plantean los planes de Educación Sexual Integral de nuestras escuelas, en el marco de los Idearios institucionales”, señalaron los obispos.

Los menores fueron consultados respecto a temas que deberían haber abordado durante el año lectivo en las clases de ESI, para de esta manera saber si se está aplicando la Ley sancionada en 2006. Además, los docentes también fueron consultados para evaluar si necesitan capacitaciones o tienen dificultades para afrontar los temas. 

Los miembros de la Iglesia se molestaron por no haber recibido información sobre el cuestionario. “Fueron evaluados en Lengua y Matemática, y además respondieron un cuestionario sobre su ´experiencia como estudiantes´, al cual no hemos tenido acceso previo al momento de su aplicación según el protocolo de procedimiento evaluativo”, comentaron.

De esta manera manifestaron su “total repudio hacia algunas de las preguntas planteadas, que constituye una intromisión indebida, sorpresiva e innecesaria del Estado en la vida de los ciudadanos, y especialmente de los niños”. 






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