Productores agropecuarios entrerriano se manifestaron este miércoles en la Ruta 12 y acceso a Santa Elena y reclamaron "Fuera Grabois de Entre Ríos". La protesta fue en defensa de la propiedad privada y en apoyo al exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, quien denunció recientemente la usurpación de un campo de su propiedad.
El Gobierno de Entre Ríos aseguró que la Justicia "decidirá quién tiene derecho sobre la tierra" y pidió "responsabilidad" y "apego a la ley" ante la disputa que mantienen Etchevehere y su hermana Dolores, quien busca ceder predios de la familia para la puesta en marcha de un proyecto social denominado como "Artigas".
Los hermanos ingresaron en una disputa por el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, que está tomado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois. Los productores exigen que "los usurpadores se vayan".
Según trascendió, Dolores habría autorizado al movimiento a ocupar las tierras pertenecientes a Las Margaritas SA, propiedad de la familia Etchevehere. Sin embargo, los hermanos de la mujer aseguran que ella ya cobró su parte de la herencia y que no tiene potestad sobre esos terrenos ubicados en La Paz.
"El desalojo que el fiscal de turno debe solicitar al juez es seriamente visto como una complicidad silenciosa teniendo ya las pruebas que fundamenten el pedido", expuso la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina. "Expresamos con voz fuerte que no vamos a aprobar que la usurpación sea permitida en Entre Ríos", agregó.
"Las Margaritas" sería únicamente de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere y sus tres hijos varones, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, mientras que Dolores ya habría vendido la parte que le correspondía.
"No entiendo, porque hasta el momento, la Justicia no ha respetado la propiedad privada del mismo modo que nosotros estamos respetando los bienes y propiedades de Juan Grabois. Y no admitimos ni efectuamos donaciones de bienes ajenos", dijo Leonor sobre el conflicto.
"Dolores vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores y al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos", comunicó la familia.
"La propiedad privada es un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución, violarla no sólo configura un delito sino que además altera la paz social", remarcó, y pidió que el Poder Judicial provincial "actúe de manera inmediata y con la severidad que las circunstancias justifican frente a la denuncia radicada en la fiscalía de localidad de La Paz, ya que estas personas siguen en el establecimiento de nuestra propiedad, usurpando la misma".
Dolores Etchevehere, por su parte, rechazó hoy haber "usurpado terrenos" en la provincia de Entre Ríos "porque se trata de una herencia" y ratificó su decisión de cederlos a un proyecto social que integra junto a Grabois.
"La reacción de mi hermano es la reacción de un cobarde", afirmó en declaraciones a Radio 10. "Hoy yo estoy en mi casa con mis compañeros, cultivando y labrando la tierra de manera sustentable", dijo al tiempo que acusó a su hermano de querer ir hoy "con patoteros, de manera ridícula" a desalojarla.
"Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, pero el apego a la Ley es un deber", dijo el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, mientras que su par de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, llamó a "garantizar la paz social y respetar la decisión de la Justicia".
Bahillo aclaró que "está la obligación de ser responsables" y especificó que este caso "tiene matices que resolverá la justicia, no el Gobierno", pero aclaró que la defensa de la propiedad privada "es un deber del Estado".
Por eso, aseguró que el Gobierno provincial "jamás va a favorecer una usurpación porque se trata de un acto ilegal" y que actuarán según "lo que se resuelva en Tribunales".
Respecto a las manifestaciones que se realizaron por el caso, el funcionario provincial sostuvo que "hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza" pero que "también está la obligación de ser responsables".
