Bordet envió al Senado provincial el proyecto de ley para que se habilite el juicio por jurado en Entre Ríos

Se trata del proyecto que busca que la decisión de un juicio sea tomada por 12 ciudadanos.

Bordet envió al Senado provincial el proyecto de ley para que se habilite el juicio por jurado en Entre Ríos
Bordet envió al Senado provincial el proyecto de ley para que se habilite el juicio por jurado en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, envió este viernes al Senado provincial el proyecto de ley de Juicio por Jurados, que impulsa desde 2017 como parte de una reforma judicial, para "adaptar" la justicia a "la democracia moderna".

La norma establece que todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión se realicen por un jurado integrado por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales que decidirán por unanimidad la culpabilidad del acusado.

El juicio por jurados busca "acercar la ciudadanía al Poder Judicial y mejorar la calidad institucional y democrática", dijo Bordet al destacar que ya funciona en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Mendoza, Río Negro y San Juan.

"Entre Ríos tiene que estar a la altura de estas circunstancias de los tiempos de la democracia moderna nos exige", agregó.

El gobernador entrerriano sostuvo que la provincia "tiene que tener también la posibilidad de que en casos penales la ciudadanía se involucre".

Además pidió generar "los consensos necesarios" para que se apruebe la ley, ya que de esa manera "el sistema de justicia integra a hombres y mujeres en las decisiones que afectan a la sociedad todos los días".

El procedimiento "promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno", aseguraron voceros de la gobernación.

Asimismo, remarcaron que "el pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad".

El jurado podrá ser integrado por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.

El proyecto remitido fue elaborado entre equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial; de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).