Antonella Prandina
El Gobierno de Mendoza suspendió el pago de la pensión “Malvinas Argentinas” a seis mendocinos que cobraban sin cumplir el requisito de haber prestado servicios en las islas durante el conflicto bélico, según denunció la Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas (Fecuvema).
Hasta el momento, las evidencias presentadas por cinco mendocinos son “insuficientes” y se les dio un plazo de 60 días para justificar que estuvieron en combate contra Gran Bretaña en 1982, según sostiene el decreto 1937, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Los mendocinos que cobraban la pensión de Malvinas sin cumplir los requisitos
El presidente de Fecuvema José Luis Núñez y el secretario Lucio Mario Candia, presentaron el caso y la provincia le suspendió el pago del beneficio a Ernesto Alberto Aguier, Jorge Horacio Pereira, Juan Carlos Estrella, Dante Ariel Torres, Jorge Alberto Vanella y Jorge Nicolás Tula. Esto se hizo oficial el pasado 26 de abril, a través del decreto 479.
Adicionalmente, el gobierno solicitó información al Ejército Argentino, a la Armada Argentina, a la Fuerza Aérea Argentina, a la Prefectura Naval Argentina y a Gendarmería Nacional para determinar si figuraban en los registros del Ministerio de Defensa de la Nación.
Los acusados presentaron un recurso de revocatoria contra el decreto, “difiriendo la resolución definitiva de la cuestión de fondo”, por el plazo de 60 días hábiles, “para brindar oportunidad a los interesados a los efectos de que acrediten acabadamente su legitimación activa como beneficiarios reales de la Ley Nº 6772″.
En los considerandos explica que Augier, Estrella, Vanella, Tula y Pereira no son considerados por las autoridades nacionales como veteranos de guerra. Los certificados que presentaron “no corresponden en su contenido a las constancias de esos supuestos veteranos, desconociendo la veracidad de sus certificados”.
Torres quedó exceptuado, “considerado por el Departamento de Veteranos de Guerra de la Fuerza Aérea, a título honorífico, como VGM, según Resolución Nº 231/2000 del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea”.
“La apuntada carencia de elementos de sospecha, que justificaran iniciar sumarios administrativos a los agentes estatales, llevó a que la denuncia penal realizada fuera dirigida sólo contra los señores Vanella, Estrella, Tula y Augier”, indica el decreto.
Estrella argumentó que fue herido, tomado prisionero por los ingleses, y luego rescatado en un intercambio de prisioneros. Augier dijo haber participado en el conflicto en el TOAS (destinado en Río Gallegos, Tierra del Fuego), pero no ofreció prueba de ello, como tampoco el resto de los mendocinos.
“A la prueba aportada por los denunciantes, se suma la informativa de la autoridad nacional competente; no siendo fehaciente ni idónea, en contrario, la aportada por los recurrentes en sus sucesivas presentaciones”, establece del decreto.
“A lo que se suma el vencimiento de los plazos de validez de algunos de los certificados presentados, así como la falta de los originales desconocidos por la autoridad nacional, o pasibles de alguna operación de peritaje”, se argumenta en el texto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
“De lo que resulta la falta de acreditación fehaciente de los requisitos fácticos exigidos en la legislación aplicable, federal y local, para ser acreedor de los beneficios sociales, cuyos extremos probatorios lucen insuficientes”, destaca el decreto.