En medio de un contexto revuelto por la campaña electoral y la investigación judicial por supuestas irregularidades en Las Heras, el jefe comunal, Daniel Orozco; y la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se casaron en el Registro Civil de Las Heras este miércoles 9 de agosto al mediodía.
El dato fue confirmado horas antes del evento por la funcionaria lasherina, quien expresó además que si bien el casamiento se daría este miércoles, la fiesta no se realizará ahora, sino que la llevarán a cabo a fin de año, en el mes de diciembre.
“Nosotros tenemos dos fechas especiales y más allá de todo lo que pasa, seguimos con nuestros planes. La fecha es hoy y luego la otra fecha especial, la de la fiesta, será en diciembre”, comentó a Los Andes Janina Ortiz.
Un casamiento en medio de irregularidades y elecciones
El casamiento se da en medio de la campaña electoral, donde Orozco es candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina (LUM); mientras que Ortiz buscará un lugar como legisladora provincial para los próximos 4 años.
No obstante, también el casamiento está enmarcado en medio de las denuncias e investigaciones judiciales por posibles irregularidades en el municipio de Las Heras. Por un lado, con un posible fraude en convenios con cooperativas, pero también con denuncias por coacción directamente contra Ortiz. De hecho, el lunes que viene se llevará adelante una audiencia para conocer si puede o no ser imputada por coacción.
La posible imputación a Ortiz, sería porque habría obligado a una empleada municipal a grabar a Osvaldo Oyenhart, subsecretario de Políticas Públicas, vuelve a entrar en una pausa. El funcionario ventiló un oscuro manejo de fondos a través de cooperativas, pero ese es otro capítulo judicial.
Ese audio, que detonó investigaciones en varias fiscalías por diversos delitos, tiene a la funcionaria municipal acusada por delitos de coacción. Patricia Rivero y Carolina Murúa, dos funcionarias (además de madre e hija) que están bajo la órbita de Ortiz, ya fueron imputadas, pero la defensa de la candidata a Legisladora introdujo un pedido de “excepción de falta de acción”.