Giuliana Lucoski, estudiante de Derecho, hizo un video remarcando su rechazo al proyecto por medio del cual intentan que los futuros profesionales rindan un examen para obtener la matrícula habilitante. Mirá el video.


Giuliana Lucoski, ex Reina Nacional de la Vendimia 2016 y estudiante de Derecho, salió a exponer su punto de vista, enfatizando su malestar y rechazo sobre el proyecto por el cual el Gobierno provincial intenta que los abogados rindan un examen para luego obtener la matrícula habilitante.

Giuliana Lucoski, Reina de la Vendimia 2016.

“Revea este proyecto que estaría restringiendo la habilitación de las matrículas. Le solicito una audiencia para discutir el tema”, remarcó Lucoski en el video dirigido directamente al gobernador Alfredo Cornejo. 

“Soy Giuliana Lucoski, estudiante de Derecho, y es por eso que me encuentro en la necesidad de comunicarme a través de este medio con mis futuros colegas si es que esta lucha nos lo permite, y hacia usted, señor gobernador de la provincia, con todo el respeto que se merece, para poder solicitarle que revean este proyecto que estaría restringiendo la habilitación hacia nuestras matrículas, porque con él estaría vulnerando un derecho ya adquirido por nosotros los estudiantes”, expresó la ex soberana. 

Así comenzó a gestarse el proyecto

Fue en el 2017, en la cena por los 100 años del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Fue cuando el gobernador Alfredo Cornejo manifestó que se estudiaría un proyecto para modificar la ley 4.976. El martes 15 de setiembre pasado, Cornejo presentó en el Senado provincial la iniciativa para que se modifique la ley.

“El examen es una exigencia que no sólo limitaría la cantidad de abogados en competencia en el mercado, sino que también es una forma de fortalecer la profesión”, dijo el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, para defender la iniciativa. 

Según los considerandos del proyecto, el examen tiene por objetivo evaluar los conocimientos mínimos de la organización, funcionamiento y normativa relacionada con el servicio de justicia, particularmente los códigos procesales locales, así como las normas deontológicas (código de ética).




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