Sólo falta la firma del gobernador Cornejo para que la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública empiece a funcionar.


La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública ya está en condiciones de comenzar a funcionar. ¿El objetivo de su creación? Controlar a toda la clase política, aunque pondrá especialmente la lupa sobre los jueces, sindicalistas y contratistas del Estado. 

Ahora se mostrarán los bienes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados en general y de los funcionarios judiciales. Los implicados deben hacer dos declaraciones juradas: una secreta con domicilios y otra pública, disponible en la página web.

La declaración es anual, el archivo está de puño y letra y en PDF, para no ser alterado. La ley, además, obliga a mostrar no sólo casas y autos sino otros bienes que también miden la riqueza como bienes muebles no registrables: joyas, obras de arte de un valor considerable, tenencia en moneda extranjera, entre otros.

La misma medida regirá para las organizaciones sindicales con o sin personería gremial que representen a los estatales. En este concepto entra “todo miembro de organizaciones sindicales que perciban el pago de su licencia gremial por parte del Estado”.

Entre los sujetos comprendidos también aparecen los proveedores y contratistas del Estado que manejen montos elevados (60 veces más de lo fijado en contratación directa en el Presupuesto). Para este año, sería a aquellos cuyas contrataciones superen los $8.340 millones. “Su incumplimiento autorizará a solicitar a la autoridad de aplicación la suspensión en el Registro de Proveedores del Estado”, prevé la ley.




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