El ex funcionario del PJ es investigado por enriquecimiento ilícito. En otra causa fue condenado a 4 años y seis meses por defraudación a la Administración Pública.


El ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su esposa, Claudia Sgró, vivieron otro revés judicial este sábado cuando, tras un allanamiento en su casa, la Policía secuestró dos vehículos. Es en una causa por enriquecimiento ilícito, distinta a la de defraudación a la Administración Pública, por la que ya fueron condenados. 

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos ordenó el allanamiento que realizó personal de Delitos Económicos de la Policía de Mendoza el mediodía de este sábado. El operativo se realizó en la vivienda del matrimonio, en la calle Tirasso, en el barrio Portal del Sol, Guaymallén. Los autos secuestrados son una camioneta VW Amarok a nombre del ex intendente y un Peugeot 308 de propiedad de la esposa del ex funcionario kirchnerista.

La otra causa: defraudación a la Administración Pública

El ex funcionario del Partido Justicialista fue condenado el 9 de mayo a cuatro años y seis meses a prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. En tanto, su esposa, Claudia Sgró, fue condenada a 3 años y cuatro meses de prisión como partícipe primaria del mismo delito.

Lobos, quien era presidente del Concejo Deliberante de ese municipio ubicado en el Gran Mendoza, asumió la intendencia entre 2013 y hasta 2015, en reemplazo de Alejandro Abraham (PJ), quien fue electo diputado nacional.

A Lobos se lo juzgó por la contratación irregular de dos empleados en el municipio que realizaban tareas domésticas en la vivienda de su suegra.

Además, tanto a Lobos como a su esposa y a su suegra (que no fue juzgada en este debate por problemas de salud) se los acusó por quedarse con parte del sueldo que percibían.

Según se denunció las tarjetas de débito habría sido utilizadas por la suegra de Lobos, que extraía los salarios y solo les daba una parte.

Durante el juicio la empleada Laura Fara contó que la suegra de Lobos le ofreció ayuda social del municipio y en 2015 se enteró de que ella y su hijo figuraban como empleados de la comuna, por lo que denunció el hecho.

El fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, destacó que el fraude, según lo que han podido establecer en la justicia, ronda los 500 mil pesos.

Destacó además la importancia de la condena a Lobos y su esposa al remarcar que “el concepto de ‘ñoqui’ (empleado que cobra sin trabajar) es un acto de corrupción y un delito penal“.






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