El bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos promueve una ordenanza para declarar la “Emergencia en Seguridad Ciudadana” por el término de doce meses con el fin de contribuir a la protección de vidas y bienes de personas, al mismo tiempo de promover acciones vinculadas a la prevención. “El pedido de declaración surge ante la creciente ola de delitos violentos y la ausencia de soluciones de parte del gobierno de Guillermo Montenegro, quien tomó el tema como la principal promesa de su campaña a intendente”, señaló el concejal Vito Amalfitano.
Esta iniciativa tiene como antecedente una normativa aprobada en 2009 cuando se declaró la emergencia de seguridad pública en el Partido de General Pueyrredon con el mismo objetivo. Sin embargo, en este caso el proyecto incluye una serie de acciones estatales municipales concretas para gestionar mejores y más eficientes políticas públicas en la materia. “Tenemos la convicción de que el camino para solucionar esta problemática es mediante el diálogo multidisciplinario y la interacción entre todos los estamentos públicos con competencias en el área, por lo que proponemos un Consejo Asesor de la emergencia con facultades consultivas e informativas, conformado por organismos de Derechos Humanos, el Foro de Seguridad, la Comisaría, Defensoría, Fiscalías y universidades, entre otros”, explicó el edil.
Por su parte, la concejala Verónica Lagos resaltó que “es necesario efectivizar la seguridad ciudadana para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales que nos asisten. Por eso, no es suficiente con realizar una sumatoria de acciones y esfuerzos, sino que hace falta planificación estratégica para poder coordinarlos y ejecutar de forma eficiente la gestión contra la inseguridad”.
En ese sentido otro de los integrantes de la comisión de Seguridad en el HCD, Roberto ‘Chucho’ Páez, manifestó la preocupación de la comunidad “al ver que el Estado Municipal no está pudiendo ser garante de la seguridad ciudadana, con el incremento de conductas ilegales y violentas, y diversos hechos que afectan a los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán”.
Con esta emergencia, se autoriza al Ejecutivo a contratar y/o adquirir en forma directa los servicios que requiera, (rindiendo cuentas al finalizar los contratos), a que deje operativas todas las cámaras de seguridad y que realice mapas con las principales zonas donde se realizan delitos en la ciudad.
