El fiscal general Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, pidió juicio oral y público para ocho hombres acusados de haberse organizado ilícitamente para otorgar préstamos usurarios a feriantes y pequeños comerciantes, a quienes les cobraban las cuotas "por goteo" e incluso los amenazaban con armas de fuego a la hora de solicitar rendiciones.
Se trata de una investigación federal sobre hechos ocurridos entre marzo de 2017 y noviembre del 2018, fecha en la que finalmente desbarataron la organización e imputaron a ocho personas acusadas de ofrecer préstamos altamente usurarios a pequeños comerciantes y personas en situación de vulnerabilidad.
Según consta en la causa, observaron cómo en la concurrida zona de la rambla marplatense, entre los distintos puestos feriantes, dos sujetos colombianos –que se movilizaban en motos de alta cilindrada- mantenían relación diaria con distintos comerciantes a quienes les ofrecían préstamos en dinero y devolución con intereses.
Los préstamos eran de entre 3 mil a 130 mil pesos y con intereses del 300 al 1.100% y los cobros de las cuotas lo realizaban bajo la modalidad "gota a gota", lo que muchas veces derivaba en extorsiones hacia quienes no podían pagar en los términos establecidos, fuera de toda normativa ni respaldo financiero o estatal.
Para el fiscal, esta situación daba cuenta de "una asociación ilícita conformada para la comisión de múltiples delitos", ya que en el marco de la investigación también imputaron a uno de los integrantes por lavado de activos. Es por eso que requirió al juez federal Santiago Inchausti elevar la causa a juicio.
En las diligencias pudieron constatar que los préstamos eran monitoreados, supervisados y organizados a través de la rendición de las cuentas diarias y semanales, detallaban los montos, plazos y regularidad en el pago de los deudores. En algunas ocasiones los imputados recurrían a procedimientos coactivos, incluso mediante el uso de la violencia.
Según la investigación había un organizador en Bahía Blanca a cargo de las células que trabajan en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, donde su encargado llevaba adelante importantes tareas dentro de la organización.
Además, en ese marco, pudieron comprobar la utilización de un arma de fuego –luego secuestrada- para amedrentar a las víctimas de los préstamos irregulares.
Jerárquicamente, había otros dos que llevaban adelante tareas como el control de las cuentas de los deudores, de los gastos diarios y también eran quienes con más frecuencia protagonizaban los aprietes.
Había otros tres hombres encargados de ofrecer masivamente los préstamos en la calle, como también de cobrarlos y rendir cuentas a los superiores. El octavo integrante, en tanto, tenía la misión de cuidar el dinero y los bienes de la banda.