El secretario de Derechos Humanos del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, denunció públicamente haber recibido "mensajes intimidatorios" por parte de ex militares que cuestionan la causa tramitada en la ciudad fueguina de Río Grande, donde se investigan supuestas torturas contra soldados durante la guerra de Malvinas.
Alonso reveló los mensajes que recibió en su teléfono particular luego de que se conoció la decisión de la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, de suspender por "falta de personal" y de "espacio físico" las declaraciones indagatorias a 18 integrantes de las Fuerzas Armadas que debían presentarse entre el 27 de junio y el 4 de julio como imputados en el caso.
Según el integrante del Cecim, las intimidaciones fueron cometidas por Pedro Güiraldes, "un ingeniero y columnista del diario La Nación, sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes, e hijo del comodoro Juan José Güiraldes, ex presidente de Aerolíneas Argentinas y también redactor de muchos de los discursos emitidos por los jefes militares durante la última dictadura", recordó.
Alonso aseguró que Güiraldes le envió "una serie de mensajes", donde le advirtió que "deje de gastar a cuenta de indemnizaciones y empiece a ahorrar para pagar honorarios, costas y sentencias por demandas civiles que les lloverán".
"Me imagino lo bien que te debe hacer, soportar fracaso tras fracaso con un intento de venganza que sólo apunta a esconder tus miserias. Me das lástima", afirma otro de los Whatsapp recibido por el ex combatiente.
Por último, un tercer mensaje, de tono irónico, sostiene que "espero que pases un lindo 25 de Mayo, sobre todo con suficiente espacio, que parece que en Río Grande no es suficiente", en alusión a que la jueza Borruto suspendió las indagatorias alegando espacio insuficiente en el juzgado para desarrollar el acto procesal.
El secretario del Cecim dijo que ex militares ligados a la causa también utilizan sus cuentas en redes sociales para "propagar mensajes intimidatorios" en los que, por ejemplo, califican de "inmoral" al fiscal federal que interviene en el expediente, Marcelo Rapoport, y se refieren a los ex combatientes de La Plata como gente "envenenada ideológicamente".
