"No se cuestiona, el legítimo derecho que tiene como ciudadano, de discrepar democráticamente, frente al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. En sus palabras no hay una opinión divergente, Hay una amenaza violenta y criminal".
"Más grave aún, es haberlo dicho, en su condición de médico anestesiólogo del Sistema Público de Salud, con un tono amenazante y agresivo, en clara desobediencia a normas y protocolos establecidos, en pos de evitar la violencia obstétrica y cualquier forma de tortura, tratos crueles e inhumanos, como reza la convención contra la tortura, que tiene rango constitucional en nuestro país, constituyendo su transgresión, un flagrante acto de violencia institucional pasible de sanciones administrativas y penales".
Por todo ello, comparte las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Provincia, "que ha actuado con celeridad y contundencia, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y el respeto a los estándares mínimos de respeto a la dignidad de las pacientes y de buenas prácticas de Salud", finalizó.