Eduardo Sánchez
“Podrán llegar a votar cualquier tipo de ley (sic) que diga que no se pueda protestar, pero cuando haya hambre, necesidad, cuando falte agua en la Puna, vamos a estar en la ruta, vamos a estar reclamando, porque hay protestas que sí son legítimas”, dijo el sindicalista municipal Santiago Seillant en la marcha de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos que hubo este jueves en San Salvador de Jujuy en rechazo la reforma parcial de la Constitución provincial por considerarla “restrictiva, antiobrera y reaccionaria”.
Previamente desde la Convención Constituyente el presidente de la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías, Gastón Morales, había anunciado que el próximo lunes ese espacio de trabajo tratará la reglamentación del derecho a la protesta y la prohibición de piquetes y cortes de calles, según los términos que propone el bloque del frente Cambia Jujuy.
“Por amplia y contundente mayoría, los jujeños se pronunciaron democráticamente por la paz social y la convivencia democrática pacífica”, planteó Morales, al tiempo que argumentó que “el orden reestablecido en la provincia es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy en los últimos ocho años” fundado en la premisa de “que el ejercicio de derechos no atropelle los derechos de los demás”.
La sesión prevista para el lunes 5 comenzará a las 16:00 y a fin de asegurar “amplia participación y pluralidad de voces” los bloques Cambia Jujuy, Frente Justicialista y Frente de Izquierda “cursarán libremente las invitaciones que consideren pertinentes”, indicó una fuente de la Convención.
En declaraciones periodísticas Morales consideró prioritario “encuadrar el derecho a la protesta y la manifestación dentro de estándares internacionales de equilibrio y balance para asegurar la circulación y el tránsito de las personas”, partiendo de que “es necesario un coto constitucional que garantice el respeto, la convivencia pacífica, de manera que nunca más volvamos a los tiempos difíciles y oscuros en los que cualquiera podía imponerse por sobre los derechos y el bienestar del resto”.
EL RECHAZO DE LA IZQUIERDA
“Soy convencional constituyente y no conozco el proyecto (de reforma). Si el proyecto fuera bueno, ya estaría debajo de las puertas de todas las casas de Jujuy”, dijo por su lado el dirigente Sebastián Copello, del Polo Obrero de Jujuy y referente de la Unidad Piquetera.
“Están ‘cocinando’ un reforma muy negativa que quita derechos democráticos”, advirtió y en ese marco dio por hecho que “no se va a votar más cada dos años, se va a quitar fueros a los diputados privando la libertad de opinión, y el Código Contravencional pasará a estar en la Constitución”, base sobre la cual el constituyente del Frente de Izquierda-Unidad interpretó que “cualquiera que proteste, sea la mamá de una mujer víctima de femicidio o quien fuera, puede tener multas o ir presa”.
EL PIQUETE “NO ES UN DERECHO, ES UN DELITO”
“El corte de calles y rutas no es un derecho, configura en todo caso un delito”, sentenció a su vez la convencional constituyente Gabriela Burgos, del bloque Cambia Jujuy.
La propuesta del oficialismo busca que se reglamente el derecho a la manifestación y la protesta, como también las incorporaciones constitucionales relacionadas con la prohibición de cortes de rutas y calles.
“Pusimos este tema sobre la mesa para discutirlo con pluralidad, desde la premisa de que los derechos no son absolutos, sino relativos” y que “no hay un derecho superior a otro”, planteó Burgos, que en respaldo de su afirmación refirió que “desde 2015 pusimos la paz, el orden y el derecho de todos como prioridades, sin desconocer el derecho a la protesta en la medida que no se vulnere ni violente el derecho del resto de los ciudadanos”, completó la también legisladora provincial.