Eduardo Sánchez
Un completo informe produjo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy referido a la situación de casi un centenar de personas que habían sido demoradas por la policía tanto durante los enfrentamientos producidos el pasado sábado en el acceso a Purmamarca como el martes último en San Salvador de Jujuy. El organismo dio cuenta que tras los trámites de rigor, los involucrados en esos hechos fueron puestos en libertad, quedando en calidad de imputados.
Las causas están a cargo de las unidades fiscales especializadas en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 1, a cargo del fiscal Walter Rondón; y n° 2, a cargo del fiscal Diego Funes; y la Fiscalía de Política Criminal, a cargo del fiscal Rodrigo Fernández Ríos.
En efecto, el MPA imputó a un total de 90 personas por los incidentes ocurridos el sábado 17 en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52, el acceso al pueblo turístico de Purmamarca, y los graves disturbios desencadenados el martes 20 en la Legislatura provincial y adyacencias, y que se extendieron a los barrios Gorriti, Castañeda y Mariano Moreno, donde resultaron afectados con daños materiales locales comerciales, viviendas particulares, el Ascensor Urbano y el edificio del Canal 7 de televisión y la emisora de radio LW8.
Todos los imputados quedaron en libertad y se les fijó fechas de las audiencias para la recepción de declaración defensiva, de acuerdo a lo informado.
¿QUÉ DICE EL REPORTE OFICIAL?
En cuanto a los incidentes ocurridos el sábado 17 en el piquete de la Ruta Nacional 9 a la altura del ingreso hacia Purmamarca, el MPA describió que se registró destrozos en carteles de señalización y en las vías del ferrocarril, y agresiones contra el personal policial.
En ese contexto fueron imputadas 25 personas por los siguientes delitos: “Entorpecimiento de transportes y servicios” (artículo 194); “daños a bienes de uso público” (artículo 184, inciso 5); “resistencia a la autoridad” (artículo 239); “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas por el concurso de dos o más personas y contra miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición, 46 hechos” (artículo 89 y 92 en función del artículo 80, incisos 6to. y 8vo.); y “lesiones graves doblemente agravadas por ser cometidas por el concurso de dos o más personas y contra miembros de fuerzas de seguridad pública” (artículos 90 y 92 en función del artículo 80, incisos 6to. y 8vo.), todos en coautoría (artículo 45) y en concurso real (artículo 55).
Por otro lado, respecto de los disturbios del martes 20 en la capital jujeña, la Justicia imputó a 65 personas por la supuesta autoría de los siguientes delitos: “Atentado a la autoridad” (artículo 237, agravado por el artículo 238, incisos 1, 2 y 4); “resistencia a la autoridad” (artículo 239); “lesiones leves doblemente agravadas” (artículo 92, en función del artículo 80, incisos 6 y 8); “daños” (artículo 183) y “daños a bienes de uso público” (artículo 184, inciso 5to.); “estragos” (artículo 186, inciso 3); “entorpecimiento funcional” (artículo 241, inciso 1) y “entorpecimiento de transporte terrestre” (artículo 194), todos en concurso real.
Consigna también el informe del MPA que los hechos por los cuales resultaron imputadas las 65 personas antes referidas fueron el intento de impedir que sesione la Convención Constituyente -en la sede de la Legislatura-, enfrentamiento con personal policial, lo que dejó un saldo de 46 efectivos lesionados; y destrozos e incendio en el Anexo Subsuelo de la Legislatura, que resultaron en la destrucción de mobiliario y elementos informáticos, poniendo en peligro archivos y la Biblioteca de la Legislatura.
También se les adjudica daños en seis vehículos; destrozos en locales comerciales ubicados en la esquina de las calles Dorrego y José de la Iglesia, en el barrio Gorriti; y daños en el Ascensor Urbano del sector de Castañeda y en el edificio de la empresa Radio Visión Jujuy en el barrio Mariano Moreno.
EL CELS PIDE SE INVESTIGUE “VIOLENCIA POLICIAL”
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, “graves irregularidades” del MPA durante los enfrentamientos de los últimos días y pidió que se investigue “los hechos de violencia policial” registrados en su transcurso.
Según el organismo de derechos humanos, “el Ministerio Público no controló el accionar violento de la policía, convalidó detenciones claramente arbitrarias y excedió todos los plazos de detención de las personas aprehendidas”, aseguró el CELS, que sostiene también que “al iniciar causas penales a personas que estaban ejerciendo legítimamente un derecho, el MPA viola, además, el Código Penal y la Constitución Nacional”.
“Le pedimos al Fiscal General de Jujuy, entre otras cuestiones, que se cierren las causas penales y contravencionales iniciadas contra manifestantes” y en cambio “se investiguen los hechos de violencia policial registrados en los últimos días en la provincia”, publicó el CELS en su cuenta de la red social Twitter.