“Acá hay una cuestión política antes que judicial”, sostienen líderes de las organizaciones sociales de Jujuy que están siendo objeto de investigación por presuntas maniobras de extorsión en las que serían víctimas personas beneficiarias de planes sociales. Los dirigentes anunciaron para este miércoles una marcha con presencia de referentes nacionales de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para “dar a conocer la situación de autoritarismo y arbitrariedad que vive la provincia”, dijeron.
Sebastián Fernández, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), sostuvo que “acá hay una decisión política antes que la judicial” y cuestionó el curso de la investigación por sus “irregularidades” como “dar inicio a los peritajes de los elementos antes que cayera el perito de parte”, y que “los aparatos informáticos estuvieron sin las protecciones necesarias” el día de los allanamientos, el pasado 6 de julio.
VERSIONES DE UN ATENTADO
El dirigente cuestionó que el fiscal Diego Funes “no puede corroborar que no se haya implantado nada dentro de las computadoras o los pen drives sino que además él se manifiesta completamente asombrado, cuando lo que busca es investigar la vida completa nosotros y no como debe ser, un pedido específico sobre un punto específico”, declaró a Télam.
Además sostuvo que el fiscal “se está adelantando cuando dice que en uno de los cuadernos se habla de un atentado, lo que demuestra también que van a la pesca de cualquier cosa, algo que también es ilegal”.
“Entendemos que más que encontrar pruebas han encontrado los pretextos necesarios para una prisión preventiva”, aseguró Fernández y añadió que el perito de parte que terminó hace poco su labor “todavía tiene que presentar el informe y va a marcar todas las irregularidades encontradas para pedir la nulidad de lo actuado”.
El domicilio de Fernández fue uno de los allanados y también la sede del FOL en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y en ambos lugares secuestraron computadoras, celulares y pen drives.
Por su parte, Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero y Polo Obrero de Jujuy, dijo que “las palabras de Funes continúan mostrando el verdadero objetivo que tiene esta persecución por parte del Ministerio Público de la Acusación que responde directamente a Gerardo Morales” y “que es desarticular a las organizaciones y criminalizarlas para tratar de incluso prohibir el derecho a la organización, con el intento de caratular una causa como asociación ilícita”.
“Lo que busca es casi que ilegalizar”, señaló Copello.
Asimismo, expresó que el fiscal “afirma que hay pruebas, habla de supuestas organizaciones de atentados sin mostrar nada. Lo único que busca es darle continuidad a un relato que está muy desgastado en Jujuy y que tiene que ver con la estigmatización de quienes salen a luchar cuando crece la pobreza y la miseria”, concluyó.
Con el acompañamiento de dirigentes nacionales, la semana pasada las organizaciones sociales locales se movilizaron para repudiar las medidas judiciales, accionar que consideraron una “persecución política” y por lo cual apuntaron contra el Gobierno provincial y la figura del gobernador Morales.
Con información de Télam