Después que se conociera que el Gobierno nacional impulsaría que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la Provincia, el gobernador Gerardo Morales interpretó que ello “confirma el intento de desestabilización en Jujuy” y defendió las actualizaciones plasmadas en el nuevo texto aprobado con el voto unánime de los convencionales constituyentes.
“Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy”, escribió Morales en su cuenta de Twitter, para también considerar que “lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”.
Aseguró a la vez que “este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo”, se lee en la publicación virtual.
En la misma línea se expresó el compañero de Morales en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó también en su cuenta de la misma red social que “la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños” y expresó su “solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias”.
Desde su formulación como proyecto, para ser convertida en ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue puesta a consideración de la ciudadanía por parte del Poder Ejecutivo, convocando a “un gran debate de los jujeños”.
También en la Legislatura se abrió oportunamente una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir en este nuevo texto que abarca más de 60 artículos.
“DESINFORMACIÓN”, “MALA INTENCIÓN” Y “CONFUSIÓN”
Una vez alumbrado el texto actualizado, una franja de las comunidades originarias enarbolaron reclamos rechazando actualizaciones que interpretaron lesionaban sus derechos y esto se visibilizó con más fuerza en las últimas semanas con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma.
En ese sentido, la secretaria de Pueblos Indígenas, Sonia Ochoa, lamentó “el flujo de desinformación que desde la mala intención llegó a grupos de originarios, dando paso a la confusión”, al tiempo que ratificó “la voluntad de diálogo y trabajo conjunto que sostiene el Gobierno de la Provincia”
La funcionaria recordó que se abrió “instancias participativas en toda la provincia” para “enriquecer el proceso de reforma constitucional”, reiterando que “miembros de los once pueblos indígenas fueron parte de la discusión” en la búsqueda de “consagrar todos los logros alcanzados en el campo de los derechos y los reconocimientos en Jujuy”.
“Respetando dinámica y cosmovisión, sostenemos la participación en asambleas comunitarias”, agregó Ochoa, a la vez de apuntar que en las reuniones “se aportó información clara y precisa de la agenda de reforma constitucional, en particular de los derechos que siguen vigentes”.
Explicó también que “en el proceso histórico de avance y reconocimiento” que propició la reforma, “los pueblos indígenas dejan de ser objeto de derecho, para constituirse en sujeto de derecho, reconociendo su preexistencia cultural y étnica”.
En ese plano sostuvo asimismo que en la actualización impulsada por el Poder Ejecutivo “buscábamos consagrar todo lo conseguido en materia de derechos y reconocimiento en Jujuy, considerando que somos una provincia multicultural y diversa”, y tras remarcar que “el artículo 50 (del anterior texto) no se tocó”, destacó que “Jujuy es la única provincia de la República Argentina que tiene propiedad comunitaria, derecho que se sigue garantizando y se respeta esa protección”, completó la Secretaria de Pueblos Indígenas.
