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| jueves, 04 de junio de 2026
Durante el juicio que este jueves acabó en San Pedro de Jujuy con sentencia de prisión perpetua para Jairo Guerrero, el agente fiscal Ernesto Lían Resúa, representante del Ministerio Público de la Acusación, presentó una detallada y cruda reconstrucción de los hechos que terminaron con la vida de Tamara Soledad Fierro en mayo del año pasado en la ciudad de Fraile Pintado, a 96 km de esta capital.
Según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el fiscal, el derrotero criminal se inició en la mañana del sábado 24 de mayo de 2025. Aproximadamente a las 08:42, la mujer arribó en su motocicleta a la vivienda de Jairo Emanuel Guerrero -quien también se hacía llamar “Diego Castro” en la zona-, ubicada en la calle Gurruchaga.
Tras una breve conversación, ambos ingresaron a la habitación del acusado, donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas. Fue en ese ámbito privado donde, poco antes de las 17:00, Guerrero atacó violentamente a la joven hasta causarle la muerte.
El relato fiscal expone que, tras el crimen, y habiendo ocultado el cadáver dentro de la misma pieza, Guerrero inició una serie de maniobras para desvincularse del hecho.
La investigación permitió establecer que a las 20:20 el sujeto retiró del lugar la motocicleta de la víctima y la entregó a terceros para su resguardo. Posteriormente, se trasladó en remís hasta Calilegua para buscar a su primo, Esteban Fernando Pérez, para que colabore en el ocultamiento del delito.
Cerca de las 22:00 del sábado, ambos regresaron a Fraile Pintado. Por instrucción de Guerrero, Pérez -junto a otro sujeto- trasladó la motocicleta de Fierro hasta las inmediaciones de su domicilio en el barrio María Auxiliadora, dejándola con las llaves puestas para simular una llegada normal o un robo posterior.
Mientras tanto, en la vivienda, Guerrero procedía a desmembrar el cuerpo de la víctima, colocando los restos en bolsas de residuos de color negro.
En la madrugada del domingo 25 de mayo, alrededor de las 05:15, la crueldad del plan alcanzó su punto máximo. Guerrero utilizó una carretilla para sacar las bolsas de la casa y entregárselas a Pérez, quien las trasladó hasta un basural en una zona baldía de la localidad. Allí, ambos encendieron una fogata sobre los restos.
Tras la retirada de Pérez, Guerrero permaneció en el sitio durante las horas siguientes, alimentando el fuego con ramas y custodiando el lugar para asegurar la destrucción total de las evidencias, en una muestra de frialdad que el fiscal Resúa señaló como pieza clave de la acusación.
En cuanto a la absolución de Maximiliano López, a la salida del Centro Judicial de San Pedro el fiscal Resúa dijo a los periodistas que su planteo había sido que "tuvo una participación secundaria" por haber prestado "colaboración para el traslado del cuerpo, pero no directamente una participación" en esas maniobras.
"El Tribunal no lo tuvo en consideración, por eso quedó absuelto”, explicó.
Al respecto, una de las representantes legales de la familia de Tamara Fierro, la abogada Mariana Vargas, adelantó que la querella impugnará esa absolución, como también promoverá un segundo juicio para sentar en el banquillo de los acusados "a otras personas involucradas" en el hecho, algo que "lo sabe todo Fraile Pintado", aseguró.
Familiares de la joven habían comenzado su búsqueda el domingo 25 después de encontrar abandonada su motocicleta y recibir respuestas contradictorias de parte de las personas con las que había dicho a sus hermanas que estaba reunida.
Un par de días después se produjo el hallazgo de restos humanos en un basural y el jueves de la misma semana el fiscal Resúa confirmaba a los medios que mediante pruebas de ADN se había podido determinar que pertenecían a la joven que se tenía por desaparecida.
Este jueves, Jairo Emanuel Guerrero fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser autor material y responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género, cometido en perjuicio de Tamara Soledad Fierro”.
La celeridad con la que el sistema judicial de San Pedro llevó la causa a juicio oral -menos de un año desde el crimen- es vista por los colectivos de mujeres como un paso necesario, aunque insuficiente, dijeron, para frenar la escalada de violencia en la región.
Eduardo Sánchez