Eduardo Sánchez
El excomisionado municipal de Yala Gerardo Facundo Vargas Durán, podría decirle adiós a la política, o por lo menos a cualquier aspiración de volver a ser funcionario, ya que como resultado de una investigación por malversación de fondos públicos fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos en la provincia, según sentencia que le aplicó el Tribunal en lo Criminal nº 1. Un antecedente en la materia es la condena aplicada a principios de este año a Omar Antonio Carrasco, exintendente de la Municipalidad de Fraile Pintado
Todo comenzó el 29 de mayo de 2014 cuando el Consejo Comunal de Yala aprobó de forma unánime la ordenanza nº 40/14 que establecía el sueldo básico a cobrar por los vocales y el presidente de la Comisión Municipal.
De esa manera quedó fijada una dieta por la suma de $2.000.- para los vocales, en tanto que para el vocal que se desempeñare como presidente, dicho sueldo básico quedaba fijado en la suma de $2.200.-
“A pesar de la vigencia de tal instrumento jurídico, Vargas Durán percibió como sueldo básico la suma de $3.080, en tanto los vocales $2.000”, según se lee en el expediente.
DE LOS ALEGATOS A LA CONDENA
El fiscal de la causa, Marcelo Cuellar, en su carácter de representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió al Tribunal que aplique al exfuncionario la pena de dos años y seis meses de prisión, a lo que adhirió el abogado querellante, Luis Enrique Mamani Benegas, representante legal de la ahora Municipalidad de Yala.
Por su parte, la abogada defensora Alejandra Urzagasti requirió a los jueces la absolución de su cliente.
Evaluados todos los elementos de la causa, finalmente el Tribunal emitió su veredicto, declarando a Vargas Durán autor penalmente responsable del delito de “peculado”, por lo que fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero además, el dirigente justicialista “deberá cumplir reglas de conducta por igual tiempo de la condena, entre ellas, la de someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Encausados de la Provincia y realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”, reza la sentencia del Tribunal en lo Criminal nº 1 integrado por las juezas Alejandra Tolaba y Felicia Barrios, y el juez Luciano Yapura.
Especificaron fuentes judiciales que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el primer día hábil luego del receso judicial dispuesto mediante acordada Nº 69/2021 de la Corte provincial y que comienza este lunes.
Una vez cumplido ese paso, “las partes podrán recurrir ante una instancia superior al Tribunal de juicio”. En los pasillos de Tribunales se especula con que seguramente el exfuncionario hará uso de ese derecho.