Eduardo Sánchez
En la sesión de este miércoles de la Legislatura provincial tomó estado parlamentario un proyecto de ley presentado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) bajo el título “Uso correcto del idioma español en las escuelas” y cuyo texto establece para la docencia la obligatoriedad de ajustarse a las normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE), en todas sus labores profesionales.
La iniciativa, que tendría alcance en los niveles educativos inicial, primario y secundario, estuvo contemplada en el orden del día de la séptima sesión ordinaria de la Cámara y se dispuso su traslado a las comisiones de Educación y de Legislación General, para su análisis, evaluación y eventual debate posterior.
La propuesta del oficialismo provincial ya repercutió en las redes sociales con cierta polémica con usuarios que se manifiestan a favor y en contra de la propuesta, los últimos interpretando que el planteo se orienta a prohibir el uso del denominado “lenguaje inclusivo” en los ámbitos educativos.
En el texto del proyecto los legisladores radicales estipulan que se “establezca en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE)”.
Esto es lo que se lee en la iniciativa que lleva las firmas del presidente del bloque de la UCR, Alberto Bernis, y más de una decena de diputados del mismo espacio político, entre ellos Luciano Angelini y Gabriela Burgos.
DENTRO Y FUERA DEL AULA
En el articulado de la ley se especifica que lo establecido en cuanto al uso exclusivo de las normas gramaticales y lineamientos oficiales emanados por la RAE, “deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo”.
Asimismo, contempla que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Educación de Jujuy, que tendrá la responsabilidad de “controlar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto”; “dictar las normas complementarias que resulten necesarias”, y “realizar un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española” entre el alumnado.