El gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales, tuvo semanas cargadas de tensión luego del ataque a la Legislatura tras la reforma constitucional. En este marco, le habría exigido a la Justicia otorgarle condenas de hasta 25 años a los casi 100 imputados en la causa.
Se están investigando todos los episodios de violencia registrados el pasado 20 de junio, cuando los manifestantes ingresaron a las oficinas del edificio y las prendieron fuego. “En el ataque a la Legislatura hubo delitos muy graves”, argumentó el mandatario jujeño, quien también es precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.
Hay denuncias por tentativa de homicidio, estrago doloso agravado, sedición y también por atentado y resistencia a la autoridad, entre tantos otros. Por su parte, los arreglos por los daños realizados contra bienes públicos costarían mil millones de pesos.
Según detalló Infobae, las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión. Así lo hicieron saber el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa.
Por su parte, trascendió que hay más de 100 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas alcanzan hasta los $2.500.000. “Se van a tener que hacer cargo”, exigió el gobernador, y pidió que las condenas también se cumplan por completo, siendo el gobierno jujeño el querellante en la causa.
Qué dijeron desde el Gobierno de Jujuy sobre la denuncia por el ataque a la Legislatura
“De ninguna manera se trata de hechos aislados, sino que son hechos que han sido planeados, orquestados y son ejecutados por individuos violentos, por organizaciones sociales y políticas que han sido rechazados por la ciudadanía de Jujuy en las elecciones”, señaló Rivas, fiscal de Estado, en conferencia de prensa.
“Fiscalía de Estado va a ejercer la facultad y el deber, siguiendo instrucciones directas del señor Gobernador de la provincia, de asegurar de que se restablezca el clima de paz, armonía y progreso que está reclamado el pueblo de Jujuy. Por lo tanto, va a intervenir como querellante en la totalidad de procesos penales que están en curso y va a buscar que se apliquen los montos mayores de pena que sean previstos para cada uno de los delitos”, enfatizaron al leer el informe sobre denuncias realizadas por el Gobierno de Jujuy.
Al mismo tiempo, detallaron que “se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables. Se les van a reclamar a todos los daños y prejuicios producidos al estado provincial de manera integral: estimamos en una suma aproximada a más de $1.000.000.000.000”.
En cuanto a las penas de prisión, señalaron que “se va a perseguir a los autores materiales, cómplices e instigadores, con penas en concurso real e ideal en expectativa de hasta 25 años de prisión y reclusión”. Además, detallaron que “calculamos que existen más de 100 procesos penales iniciados, las cuales van a tener penas de hasta $2.500.0000″.
Morales reafirma que hay un “intento de desestabilización en Jujuy”
Después que se conociera que el Gobierno nacional impulsaría que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la Provincia, Morales interpretó que ello “confirma el intento de desestabilización en Jujuy” y defendió las actualizaciones plasmadas en el nuevo texto aprobado con el voto unánime de los convencionales constituyentes.
En base a lo que expresó a través de su cuenta de Twitter, consideró que “lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”.
