El Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente ante el amparo que busca anular la convocatoria a elecciones provinciales para ese día


El Superior Tribunal de Justicia se declaró “incompetente” para resolver una acción de amparo presentada en contra del Estado provincial para que se declare la nulidad del decreto de convocatoria a elecciones para el 9 de junio en Jujuy.

“El juez del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola, en su carácter de presidente de trámite, declaró la incompetencia del Alto Tribunal para resolver la acción de amparo”, informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial sobre la presentación realizada por integrantes del Frente Patriótico de Jujuy, que consideran que “no se ha respetado los plazos”.

La decisión del magistrado, según el escrito, “se fundó en la Constitución de la Provincia, artículo 89, y en la Ley Nº 4.164 y sus modificaciones”.

Asimismo, se resolvió “no hacer lugar a una medida cautelar de no innovar, para suspender el proceso eleccionario hasta tanto se resuelva la cuestión principal” y se dispuso que “las actuaciones pasen al Tribunal Electoral de la provincia a sus efectos”.

Federico Otaola, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

En cuanto al rechazo de la medida cautelar, el juez Otaola expresó que “los promotores no han demostrado la existencia de los extremos legales exigidos para el establecimiento de la misma en contra del Decreto 8.840/19″.

Al mismo tiempo sostuvo que “no surge con el grado de probabilidad que corresponde a este tipo de medidas, la verosimilitud del derecho invocado en su libelo inicial” y citó un antecedente jurídico aplicable a lo resuelto, que obra en un expediente resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en 2011, según se informó.

La presentación contra el Estado provincial fue efectuada por los dirigentes políticos y sindicales Alejandra Cejas -actual diputada provincial por el justicialismo-, Paola Perovic, Rafael Vargas, Juan Giusti y Arnaldo Plaza, en representación del Frente Patriótico de Jujuy, con el patrocinio de la abogada Analía Flores.

Referentes de ese espacio habían indicado que la presentación del amparo se debía a que “no se ha respetado el plazo de 90 días para que los ciudadanos puedan consultar el padrón de electores”, que “se impuso un interés personal y no el general” y que “no hay presupuesto para afrontar las elecciones provinciales separadas de los comicios nacionales”.






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