Eduardo Sánchez
El diputado justicialista Alberto Matuk tomó el tema de la expropiación de tierras en Purmamarca como caso testigo para señalar lo que entiende es "un juego político" por el cual el oficialismo, haciendo pasar por la Legislatura "cada decisión" que toma el gobernador Gerardo Morales, "busca legitimar las cosas que hace. Y algunas cosas que hace, no están ajustadas a derecho", advirtió.
Tras apuntar que el proyecto que buscaba la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de expropiación de superficies en el área del cerro Siete Colores y el paseo de Los Colorados "no llegó a (reunir) los dos tercios (de votos) del cuerpo, es decir 32 voluntades", y que el interbloque Cambia Jujuy "una vez más impuso el número" para lograr su aprobación, explicó que ese instrumento es de incumbencia del Poder Ejecutivo, por lo que "no necesitaba pasar por la Legislatura para su ratificación", puntualizó.
"Es una decisión que tomó el Gobernador en un contexto político, pero esta cuestión no requería la intervención de la Legislatura", insistió Matuk.
"Esto se enmarca -continuó diciendo- en un juego político donde cada decisión de Morales es enviada a la Cámara para que sus miembros refrenden su accionar. Con esto busca legitimar las cosas que hace, y algunas cosas que hace no están ajustadas a derecho, como es este caso", denunció el legislador justicialista.
También refirió que "este tema ya había sido discutido en Purmamarca, donde los vecinos se expidieron e incluso la Comisión Municipal cuenta con una ordenanza que resguarda este patrimonio de los jujeños" y ante esto opinó que "está bien que el Ejecutivo refuerce estos resolutorios que le dan seguridad de propiedad a la provincia, pero esta no es la manera", se quejó el exministro de Gobierno de la Provincia.
"Además hubo desprolijidades, porque existe un juicio sucesorio que no ha sido resuelto por la Justicia, y lo que se hizo en la Legislatura con la fuerza de votos de Cambia Jujuy es inmiscuir a un poder en las resoluciones que debe adoptar otro poder, en este caso la Justicia. Además, en el DNU se puso el nombre de los supuestos propietarios. Esta fue otra de las desprolijidades", abundó.
Según su punto de vista, "esto puede traer consecuencias y eso es lo que nos preocupa al PJ. El precedente es peligroso -alertó Matuk-, porque a partir de ahora se abre una incógnita en relación a lo que pudiera pasar en el norte jujeño con otros sitios históricos y paisajísticos", completó.