La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley una reforma del Código Procesal Penal Federal que actualiza esa normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia.
Al defender el texto, la presidente de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) recordó que el presidente Mauricio Macri suspendió su aplicación en 2016 porque "no estaban dadas las condiciones" para llevarlo adelante.
Burgos agregó que, tras esa decisión del Poder Ejecutivo, se hizo "un importante trabajo para fortalecer" su aplicación y mencionó, entre otras, la aprobación por parte del Congreso de varios proyectos de ley, como la de flagrancia y la de responsabilidad penal empresaria, que fueron incluídas en la iniciativa sancionada este jueves.
"Era necesario sancionar leyes y herramientas para que la Justicia pueda funcionar. Necesitamos que este Código Procesal Penal entre en vigencia", sostuvo Burgos, al explicar los alcances de la norma aprobada en el recinto por 134 votos a favor, 55 en contra y cuatro abstenciones.
El nuevo Código Procesal Penal establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio -más rápido y totalmente oral- en el que los fiscales tendrán más protagonismo, que además es un requisito para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .
La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) y después será aplicado en las provincias del centro del país.
Al anticipar su respaldo, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó que se trata de "un avance en el sistema procesal penal argentino" porque la sociedad "demanda que la Justicia dé una respuesta rápida y efectiva".
El legislador salteño explicó que "en esta ley hay una gran parte de contenido que no tiene que ver con la creación de grandes figuras sino con un proceso de adecuación de normas; con finalizar una tarea de ensamble y compaginación".
El texto incorpora una docena de leyes aprobadas desde 2015 por el Congreso entre las que se encuentran la ley de flagrancia, creada para los delitos que están probados de manera indubitable; la del arrepentido, la de responsabilidad penal empresaria y la de ley de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto, entre otras.