El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, declaró en el juicio denominado Pibes Villeros que investiga el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.
En una nueva audiencia del juicio oral el jefe comunal capitalino fue citado por los representantes del Ministerio Público de la Acusación para dar cuenta de la responsabilidad del municipio en la operatoria para que cooperativas construyan viviendas,
En ese marco Jorge reiteró su discurso: "en Jujuy había un estado de barbarie con constante presión y violencia hacia el intendente y sus funcionarios", al tiempo que remarcó era "imposible" controlar las obras porque toda persona externa a la Tupac Amaru tenía prohibido el ingreso al "cantri".
Asimismo afirmó que durante sus gestiones no firmó ni endosó cheques para las cooperativas encargadas de construir las viviendas, conceptos que fueron criticados por la abogada Claudia González defensora de las cooperativistas imputadas Sandra Condorí y Adriana Condorí.
En ese sentido Jorge agregó que los cheques firmados por funcionarios municipales se debía a supuestas amenazas constantes por parte de los cooperativistas.
Cabe consignar que solo la Organización Barrial Tupac Amaru construyó tres mil viviendas en la capital jujeña sin contar las realizadas por otras cooperativas nucleadas en la red de organizaciones sociales.
En la citada audiencia también declararon los ex procuradores municipales, Pablo Read y Atilio Bossatti, además de tres cooperativitas citados por los fiscales que siguen el debate.
Cabe consignar que la audiencia prevista para este jueves se suspendió por problemas de salud que afectan al Imputado y pareja de la dirigente social Milagro Sala, Raúl Noro quien fue examinado por médicos del Poder Judicial.
En este juicio se investiga la denuncia realizada por la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Jujuy, a la organización social Tupac Amaru a través de su referente Milagro Sala quien "se apoderaba de los recursos económicos".
La causa en la que están implicados ex funcionarios provinciales y cooperativistas indaga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales.