Asegurando haber "tomado conocimiento de varios casos" que dan sustento a su denuncia pública, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu (ADIUNJu) aseguró que "en los últimos días" hubo familias que, tras el deceso de uno de sus integrantes, atravesaron por la "odisea" de "conseguir personal médico que emita el correspondiente certificado de defunción" y después "lograr que la empresa funeraria retire a la persona fallecida, del hogar".
Ante estas circunstancias, el sindicato reclamó a las autoridades gubernamentales que "tomen inmediatas medidas que garanticen un trato respetuoso y eficiente de las personas fallecidas y de sus familias".
También los dirigentes manifiestan su presunción de que "no se ha establecido un protocolo, para las empresas funerarias" a los efectos del "tratamiento de fallecidxs (sic) con Covid-19 y, si se estableció, no todas lo tienen o lo cumplen".
De esa manera es que "las familias -dice la entidad- deben esperar el resultado del test de la persona fallecida, que puede tardar varios días, para que sea retirado el cuerpo del hogar, siempre y cuando el test le dé negativo".
Sostiene el sindicato universitario que esto se da en el contexto de "un sistema colapsado" en el cual los trabajadores de salud "carecen de los elementos de protección personal, de la calidad que las normas indican y de los elementos básicos para hacer su trabajo", según "se viene denunciando hace tiempo, desde sus propias asociaciones sindicales y profesionales", dice la ADIUNJu.
