Una mujer fue detenida bajo el cargo de "asociación ilícita" en la causa "gestores falsos del Instituto de Vivienda de Jujuy" donde, según las denuncias recibidas, al menos 18 personas resultaron damnificadas por el accionar de una organización que les prometía casas de planes del Estado provincial a cambio de dinero, informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
"Esta nueva persona detenida cuenta con antecedentes penales por estafas y defraudación al Estado por hechos ocurridos hace algunos", señaló el fiscal de investigación Aldo Lozano.
Añadió que en el marco de esta causa hay otras tres personas imputadas por diferentes delitos relacionados con los hechos, pero que hasta el momento no están detenidas.
La medida solicitada por Lozano, fiscal especializado en delitos económicos y contra la administración pública, se realizó en las últimas horas del lunes por orden del Juzgado interviniente.
La detenida, identificada como Silvia Lemir, está imputada por el delito de "asociación ilícita", indicaron fuentes judiciales.
La investigación iniciada en mayo está detrás del accionar de una supuesta organización vinculada con empleados del Estado, dedicada a realizar maniobras ilegales para la adjudicación de viviendas construidas por el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy.
Precisamente, la causa salió a la luz por la denuncia penal realizada por autoridades de ese organismo a un "falso gestor", identificado como Manuel Farfán, empleado judicial del MPA y quien está detenido e imputado por "fraude en perjuicio de la administración pública".
"Aparentemente se aprovechaban de las necesidades de la gente, en tiempos preelectorales", dijo Lozano, quien apuntó que hasta el momento son 18 las denuncias de ciudadanos de San Salvador de Jujuy y de sectores aledaños, todos engañados por personas inescrupulosas.
Según la causa, Farfán oficiaba de falso gestor de viviendas sociales, y prometía entregar los inmuebles aduciendo contar con vínculos en el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, junto a otras personas se habría atribuido la calidad de gestor de una supuesta fundación con aparentes vínculos con personas del Gobierno provincial, y ofrecía la entrega efectiva de las viviendas a cambio de 6.000 peso y de documentación personal.
En el allanamiento a la vivienda del acusado se secuestró documentación y un teléfono celular, consignaron las fuentes.