Por José Luis Martiarena*


La Argentina vive una profunda crisis nacional.

El Gobierno perdió el rumbo y no figuran en la agenda oficial los problemas que afligen y padecen los argentinos.

El oficialismo sólo habilita el tratamiento parlamentario de temas como el del financiamiento de los partidos políticos, que es importante pero no urgente y no es de interés del ciudadano.

Desde la oposición no podemos permitirle al Gobierno esta manipulación institucional que pretende paralizar al Congreso Nacional con total falta de espíritu republicano.

Debemos recuperar la iniciativa y tratar temas urgentes como la emergencia alimentaria, pobreza y desocupación, endeudamiento externo, la fuga de capitales, retrotraer las tarifas de luz y gas, frenar la inflación, el quebranto de las Pymes y comercios, etc.

El Gobierno Nacional ha subordinado la economía al capitalismo liberal de corporaciones económicas y extranjeras, quienes manejan la política económica para sus intereses.

La reconstruccion nacional debe empezar a partir del 10 de diciembre con el nuevo Gobierno y volver a poner la política por encima del poder económico.

El Gobierno Nacional, en nombre de la trasparencia y equidad, pretende con esta ley arreglar el escándalo judicial de los aportantes “truchos” que involucra a Cambiemos y a la Gobernadora bonaerense.

Pretende una reforma política hecha a la medida oficial y permitir que los partidos políticos reciban aportes empresariales para financiar sus campañas electorales.

Aquí se da un claro conflicto de intereses entre el representante del partido y los financistas de la política.

La Constitución Nacional en su artículo 38 garantiza el sostenimiento democrático, y para que la competencia politica y electoral sea pareja se debe asegurar las condiciones de igualdad entre las distintas fuerzas politicas participantes en una contienda electoral.

Permitir el aporte de empresas y corporaciones económicas, las que siempre están bajo el calor del poder y lejos de los partidos populares, acrecienta las posibilidades electorales del partido de Gobierno, el que lleva ventaja al utilizar aparato estatal y los recursos del Estado.

Con esta ley se rompe el principio de igualdad y sana competencia que debe haber entre los partidos políticos y vulnera la citada norma constitucional nacional.

Una democracia participativa y transparente debe colocar a todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones para que acceda al poder quien gane la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

El Gobierno está influenciado por EEUU y pretende alinearse con esta potencia dominante también en legislación electoral.

Este no es el mejor modelo electoral a seguir. Países de América Latina como Brasil, Uruguay, Chile y otros prohiben el aporte de las empresas.

Permitir la intromisión del poder económico en la vida interna de los partidos políticos resulta muy peligroso por cuando un empresario o una empresa efectúa un aporte económico que no lo hace con un fin altruista sino que hay un claro interés económico.

Las empresas tienen fines de lucro y aquí es donde un partido o un candidato va estar condicionado y se sienta en la obligación, cuando acceda al gobierno, de devolver con creces los favores económicos recibidos.

El Justicialismo plantea como banderas históricas la independencia económica y la soberanía política, las que tienen alcance a la vida de los partidos políticos que tienen que buscar el bien común y estar al servicio de intereses colectivos y no de intereses económicos.

Propongo un Sistema de Financiamiento Mixto donde contribuyan el Estado y las personas físicas (afiliados y adherentes) en forma voluntaria a cada partido.

Propongo que las personas jurídicas (empresas) puedan hacer aportes voluntarios al Fondo Partidario Permanente y alli se distribuyan equitativamente a todos los partidos políticos.

He rechazado que las empresas financien la politica porque condicionan la decisión del gobernante.

(*) Diputado nacional por Jujuy






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