Redacción Vía País
El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, echó al secretario de Seguridad, Anderson Torres, tras la invasión Palacio del Planalto, Congreso y Corte Suprema en Brasilia. Asimismo, se grabó en un video que subió a las redes sociales pidiendo disculpas por lo ocurrido esta tarde en la capital brasileña.
Según informaron fuentes gubernamentales, Rocha atribuye a Torres la responsabilidad por la protesta golpista. Es por eso que decidió su destitución apenas se conocieron las primeras imágenes de los fanáticos bolsonaristas tomando edificios importantes para el Gobierno de Lula da Silva.
Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro hasta el domingo pasado, se encuentra en Estados Unidos cuando ya estaba prevista esta manifestación de los bolsonaristas.
La decisión de Rocha será publicada en el boletín oficial de la capital federal y apunta a evitar la intervención de Brasilia que está siendo analizada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Policías de Brasilia fueron filmados inactivos ante el avance de los golpistas para ocupar los edificios públicos, informó Télam.
La tropa de choque comenzó a reprimir con gases a los manifestantes cuando ya habían vandalizado el interior del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
El video del gobernador de Brasilia pidiendo disculpas
Lula anunció la intervención federal en Brasilia
El ejército brasileño tiene 2.500 soldados preparados para actuar en Brasilia tras el llamado de Lula en el decreto para restaurar el orden y detener a los principales agresores que se han metido en los edificios públicos e iniciaron una serie de destrozos en los principales actores de la política brasileña.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula. Lula nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente.
El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por Lula.