Claudia Mercado
Se agrava la situación en Perú, donde las protestas no cesan en pedido de la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. En medio de los feroces enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, durante las últimas horas murieron 14 personas.
Además de la salida de la mandataria, piden el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo de Juliaca. Fue justamente en las inmediaciones del aeropuerto de dicha localidad, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, donde se dieron las muertes. La cifra de fallecidos en protestas suman 42 desde que comenzaron las protestas el pasado 11 de diciembre.
Según trascendió, las últimas muertes se produjeron cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad, en la región aymara de Puno.
Cómo está la situación en el sur del Perú
Si bien hubo una tregua para las fiestas, los reclamos se reanudaron hace seis días. En ese marco, en la zona de Juliaca hubo huelga en reclamo por elecciones inmediatas y la renuncia de Boluarte. Según medios locales, más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales de la zona.
En el sur del país se agrava la escalada de violencia. Puno se encuentra aislada debido al bloqueo de las vías que la unen con Arequipa, Cusco y Madre de Dios. Asimismo, hay bloqueos de rutas en seis regiones del país.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo exigió a la Policía y Fuerzas Armadas “hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza” y también le pidió al Ministerio Público realizar “una investigación célere que permita esclarecer los hechos”.
Dadas las muertes de diciembre, la Fiscalía inició diligencias previas contra la presidenta Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola. El objetivo es determinar si hay indicios de la existencia de un delito para abrir una investigación preparatoria que “esclarezca las denuncias” presentadas contra ambos.
A qué se deben las protestas en Perú
Perú vive una ola de protestas luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.
Las manifestaciones exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones en 2023 y una nueva constitución. Los reclamos se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.
El pasado 4 de enero, tras una tregua por Navidad y Año Nuevo, los ciudadanos retomaron las protestas en algunos puntos del territorio nacional, aunque concentrada en el sur del país, sobre todo en Juliaca.