Durante la presentación del nuevo Plan de Acción contras las Violencias por Motivo de Género, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad dio a conocer los resutados de una encuesta que realizó con la Iniciativa Spotlight enfocada en las relaciones de parejas o exparejas. De esta se desprendió que de un 45% de víctimas, sólo el 21% llega a denunciar.
Fueron 12 las provincias que participaron de esta iniciativa global de Naciones Unidas, que contó con el apoyo de la Unión Europea, y que tiene como objetivo analizar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTI+.
Se hicieron preguntas a más de 12 mil mujeres de 25 conglomerados urbanos y se concentraron en cuatro variantes de violencia en el ámbito doméstico: psicológica, física, sexual o económica.
Las encuestas se realizaron durante 2021 en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Del total, un 45% de las que están o han estado en pareja durante este período reconocieron haber sufrido algunas de esas formas de violencia, en general más de una y a menudo combinadas. El 42% habla de violencia psicológica, 23% de violencia física y 18% de violencia sexual.
La violencia sexual en parejas o exparejas es frecuente pero hace poco tiempo que está reconocida después de años de ser entendida como un “deber marital”. Si bien el número de mujeres que la reconocen es alto, la incidencia de denuncia es todavía muy baja.
Por qué es tan difícil denunciar
El sistema para contener a las víctimas sigue siendo deficiente. Denunciar requiere alguien que tome esa denuncia, evalúe los riesgos, imparta medidas de protección. También se genera un problema económico, ya que muchas veces es el agresor quien sostiene la economía familiar; asimismo a veces la víctima necesita dejar su trabajo y reubicarse para dejar de ser blanco de nuevas agresiones. En ese sentido, el Ministerio de las Mujeres tiene el programa Acompañar, que dura seis meses.
Solo el 41,5% de quienes atravesaron situaciones de violencia de parejas o ex han pedido ayuda o siquiera lo han contado. Y si la situación de violencia es con la pareja actual, la cifra cae estrepitosamente: apenas el 29,4% de las mujeres encuestadas confirmó haber hablado de lo que vive en tiempo presente.
“En el caso de las mujeres que atravesaron violencia física, el 60% acudió por ayuda o asesoramiento. Esto implica que el “40% de las entrevistadas viven su situación en soledad sin ningún tipo de apoyo y contención por parte de su entorno”, analizan desde Spotlight. Además, apenas el 21% pudo hacer la denuncia.
El nuevo plan del Gobierno contra las violencias
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó este lunes en el Chaco la presentación por videoconferencia del “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2022-2024″. Se trata del segundo que se pone en marcha desde la creación del mencionado ministerio y el cuarto en la historia de nuestro país.
En el acto, estuvieron la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros provincial, Silvana Pérez; la jefa de Gabinete del MMGyD, Lara González Carvajal; la secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; y las subsecretarias, Laurana Malacalza y Carolina Varsky.
Para este plan, el presupuesto previsto es de $82.700.000.000 y busca abordar de manera integral las violencias de género que afectan a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+). Uno de los principales desafíos es que la hoja de ruta “trascienda la gestión de Alberto Fernández”.
“Este Plan se pensó, diseñó y se va implementar a partir de un escalón más alto. La continuidad de las acciones y políticas requiere de la construcción de los consensos transversales en los que estamos trabajando”, dice el documento.
Cuáles son los ejes del plan
Más de 3200 personas participaron para el armado del Plan Nacional de Acción, que tendrá vigencia de 2022 a 2024. Los ejes estratégicos que sustentan las principales medidas contra las violencias son: la prevención; la asistencia y abordaje integral; la protección y fortalecimiento del acceso a la justicia; y la gestión de la información, transparencia y monitoreo.
Asimismo, hay otros ejes importantes que dan forma a un “modo de ser” del Plan y que están contemplados en las acciones: diversidad, interseccionalidad e interculturalidad, multiagencialidad y fortalecimiento de las redes territoriales.
“Estamos ante una oportunidad histórica de pensar conjuntamente cómo luchamos contra las violencias de género. Y creo que es decisivo que se escuche a las actoras territoriales y se reconozcan los saberes locales”, dijo Mariana Ortega, docente, investigadora y activista feminista de Tartagal (Salta).
A su vez, Daniela Ruíz, transfeminista y directora de la organización Siete colores diversidad, señala: “Las demandas de las organizaciones y de las personas situadas en los territorios están llegando a las políticas públicas. Esto, a la vez, nos permite interpelarnos ante ciertos factores de violencia, poder verlos. Los procesos interseccionales son formas de repensar prácticas que muchas veces se han mantenido estáticas desde la misma colonialidad”.
Cuáles serán las líneas de acción
El Plan Nacional 2022-2024 incorpora más de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y cinco organismos descentralizados nacionales.
Una de las destacadas es consolidar y garantizar el alcance territorial del Programa “Acompañar”, que, entre noviembre de 2020 y el 31 de mayo de 2022, asistió a 175.068 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Además del acompañamiento integral, recibieron un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses consecutivos.
“El Programa Acompañar es excelente y es loable que se quiera profundizar. Pero también requiere ser ampliado. En Argentina, 1.860.000 mujeres están criando solas a sus hijos”, destaca Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales y docente del posgrado en Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En cuanto a la prevención, se enumeran nueve medidas y 41 acciones estratégicas que buscan sensibilizar a la sociedad para desnaturalizar los mandatos y patrones sociales y culturales. Para concretarlos surgen acciones en medios, publicidades y diversas producciones audiovisuales. Asimismo, se detallan políticas destinadas a garantizar la efectiva implementación de las leyes nacionales de Educación Sexual Integral, Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como “Mil Días”.
Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, dijo sobre las violencias simbólicas: “Lo más importante es la continuidad y persistencia de las acciones, ya que se trata de modificar patrones socioculturales atávicos. En este sentido, es preciso sostener sin pausa las sensibilizaciones y capacitaciones”.
La vocación por fomentar mayores espacios de formación incluye en el Plan Nacional de Acción 2022-2024 el trabajo de impulsar la Ley Micaela en sindicatos, medios de comunicación y organizaciones deportivas.
Por su lado, la abogada feminista Florencia Zerda festeja que el nuevo Plan Nacional dé cuenta de decisiones específicas para enfrentar la violencia por motivos de género en los entornos digitales.
En cuanto a la protección y fortalecimiento del acceso a la justicia se detalla por ejemplo la ampliación de patrocinio jurídico; la construcción de casas de medio camino destinadas a personas en situación de violencia por motivo de género; la creación de un sistema de alerta digital que aumente las capacidades de respuesta de los gobiernos locales; y continuar con la implementación de una reparación económica para las hijas y los hijos de víctimas de femicidios.
Por último, las 20 acciones bajo el eje de gestión de la información, transparencia y monitoreo estarán orientadas a robustecer las herramientas de registro de los casos de violencias de género y de producción de datos en pos de monitorear la efectividad de las medidas.
