A meses de haber entrado en vigencia para el ciclo lectivo 2026, la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei que eliminó la obligatoriedad de determinados contenidos escolares continúa generando repercusiones en el ámbito educativo.

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La decisión, oficializada mediante un decreto, modificó la estructura de los programas que se aplican en las escuelas argentinas y dejó en manos de cada provincia la continuidad de esas temáticas.
La disposición quedó formalizada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025. La normativa dejó sin efecto distintos artículos de leyes nacionales que establecían la enseñanza obligatoria de determinadas temáticas consideradas de interés público.
Como consecuencia de esta modificación, se derogó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. De esta manera, dejaron de tener carácter obligatorio a nivel nacional los siguientes contenidos:
Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.
Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).
A partir de ahora, estas materias y jornadas educativas ya no deberán implementarse de manera obligatoria en todo el territorio nacional. La decisión sobre su continuidad quedará en manos de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué ocurrirá con la jornada “Educar en Igualdad”
En relación con la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno sostuvieron que la organización de este tipo de actividades no debía recaer sobre la administración nacional. Por ese motivo, cada jurisdicción tendrá la facultad de definir si mantiene o no estos espacios dentro de su calendario escolar.
La medida implica una descentralización de estas iniciativas educativas, otorgando mayor autonomía a las provincias para determinar qué contenidos incluir en sus programas de formación.
Los argumentos oficiales detrás de la decisión
Respecto a la educación vial, el Ejecutivo señaló que el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar. Además, indicó que existía una superposición de tareas con el Consejo Federal de Seguridad Vial, organismo que ya desarrolla funciones vinculadas a esa temática.


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En ese contexto, el Gobierno remarcó que las modificaciones permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
