Guadalupe Oliverio
El parto domiciliario se volvió un tema controversial dentro del movimiento feminista con posiciones totalmente opuestas: hay quienes lo defienden por sobre los partos en hospitales y quienes creen que directamente debería estar prohibido.
Muchas mujeres son asistidas con parteras y profesionales de la salud en sus casas para tener allí a sus hijos. Las modalidades son diversas: puede ser en el piso, sobre sábanas o dentro del agua de una pileta o bañadera. Muchas de las mujeres que recurren a estas prácticas lo hacen alegando que sufrieron violencia obstétrica en los hospitales y que quieren experimentar formas “naturales” de dar a luz.
Una vez más, las preguntas que sobrevuelan el debate son: ¿Quién decide sobre los cuerpos de las mujeres? y ¿Cómo se toman esas decisiones?
Justicia por Yamila
La evitable muerte de Yamila volvió desatar la polémica. Se trata de una madre que estaba dando a luz en su casa a su tercera hija. Decidió evitar el hospital, ya que, en sus dos embarazos previos, había sufrido violencia por parte de los médicos.
La asistieron dos mujeres que proponían realizarle un “parto alternativo”, donde se valore la intimidad, tranquilidad, confortabilidad y los buenos tratos que supuestamente no había encontrado antes en el hospital. Sin embargo, las cosas se complicaron.
Yamila tenía un “acretismo placentario”, que es la inserción anormal de la placenta en órganos vecinos, lo que deriva en el sangrado masivo al nacimiento y pone en riesgo la vida de la persona gestante si no es abordado correctamente.
Ella no conocía este diagnóstico que necesitaba un trato especial a la hora de dar a luz. Su obstetra había sugerido hacerse un estudio llamado Doppler para analizar el estado de salud de la mujer y la del feto, donde podría haber saltado esta condición. Sin embargo, ambas parteras domiciliarias desestimaron la sugerencia diciendo que “eso solo pasa en un caso cada un millón”.
Al no ser tratada correctamente su enfermedad, la mujer murió minutos después de parir. Hace meses que su marido denuncia a las parteras porque sostiene que “no eran profesionales” de la salud y pide justicia por su esposa, sin embargo, ambas mujeres siguen efectuando partos domiciliarios.
Este es un ejemplo reciente que irá a juicio, pero sin dudas despierta preguntas legales, morales y de políticas públicas sobre la salud de las mujeres que deben ser tenidas en cuenta. ¿Acaso Yamila no sufrió violencia obstétrica aún dentro de su casa? ¿Cómo respetar la decisión de las madres y a su vez garantizar que los partos sean completamente seguros? ¿Cómo poder prevenir situaciones como la Yamila donde las mujeres necesitan la tecnología que brindan los hospitales? ¿Cómo capacitar al personal de salud en políticas de género para que nadie más sufra violencia a la hora de parir?
¿Qué es la Ley de Parto Respetado?
La Ley Nacional nº 25.929 de Parto Respetado fue sancionada y promulgada en el 2004 para intentar legislar sobre las formas de dar a luz tanto en hospitales como en hogares. Sin embargo, habiendo pasado casi 20 años de su existencia, al día de hoy el debate sigue vigente, su aplicación no es efectiva y las mujeres siguen sufriendo violencia obstétrica en los distintos ámbitos.
Existen prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud durante el embarazo, el parto y el puerperio, tanto en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas con las mujeres o pueden ser percibidas como tales. Son muchísimas las que relatan haber sufrido tratos humillantes y denigrantes hacia su persona, el abuso de la medicalización o la falta del mismo, el ocultamiento de información para que cada una pueda decidir o la patologización innecesaria.
La Ley de Parto Respetado intenta generar normas comunes para frenar ese tipo de prácticas violentas. Las mujeres pueden elegir la persona que la acompañará durante el trabajo de parto, parto y postparto. También decidir en qué posición quieren dar a luz.
Regula que se respeten los tiempos biológicos y psicológicos; evitando prácticas invasivas y suministro de medicación sin justificación. Y que se brinde información sobre las distintas intervenciones médicas, para participar en las decisiones sobre las alternativas.
Con esta ley las mujeres tendrían derecho a decidir no ser parte de ningún examen o intervención cuyo propósito sea la docencia o investigación. A recibir información comprensible y continuada sobre la salud de su hija o hijo.
Los profesionales de la salud deben buscar el consentimiento informado de la madre sobre cualquier práctica médica que se le realice a la o el recién nacido. Y ellas pueden tener acceso continuado a su hija o hijo mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia.