A 32 años del atentado a la AMIA: el ataque que marcó a la Argentina y una herida que sigue abierta
El eco de una tragedia que aún sacude la conciencia colectiva de una nación.
Redacción Vía País
17 de julio de 2026, 12:00
Cada 18 de julio, Argentina vuelve a detenerse frente a una de las páginas más dolorosas de su historia reciente. A las 9:53 de la mañana de 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. En cuestión de segundos, el edificio quedó reducido a escombros y el país fue escenario del mayor atentado terrorista de su historia.
El ataque fue cometido mediante una camioneta Renault Trafic cargada con aproximadamente 275 kilos de explosivos, que impactó contra la fachada de la mutual. La detonación provocó el derrumbe total de la estructura de seis pisos y dejó atrapadas a decenas de personas bajo los restos del edificio. Durante días, bomberos, rescatistas, vecinos, policías y voluntarios trabajaron sin descanso en la búsqueda de sobrevivientes.
El saldo fue devastador: 85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas. Entre las víctimas había empleados de la AMIA, personas que realizaban trámites, trabajadores de edificios cercanos y peatones que simplemente transitaban por la zona. Familias enteras quedaron marcadas para siempre por una tragedia que todavía duele.
El atentado ocurrió apenas dos años después del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que había dejado 22 víctimas fatales. Ambos hechos evidenciaron la amenaza del terrorismo internacional en territorio argentino.
La investigación y las responsabilidades
Con el paso de los años, la Justicia argentina concluyó que el atentado fue planificado y financiado por la República Islámica de Irán y ejecutado por integrantes de la organización Hezbollah. Según la hipótesis judicial predominante, Argentina habría sido elegida como objetivo tras la decisión del gobierno de suspender acuerdos de transferencia de tecnología nuclear con Irán.
Las investigaciones también identificaron como presunto atacante suicida a Ibrahim Hussein Berro, un integrante de Hezbollah de 21 años, señalado como quien conducía la camioneta utilizada en el ataque.
La Justicia emitió alertas rojas de Interpol contra varios exfuncionarios iraníes acusados de haber participado en la planificación del atentado. Sin embargo, ninguno de ellos fue extraditado para enfrentar un juicio en Argentina.
La causa original terminó marcada por graves irregularidades. Durante años se sostuvo una hipótesis conocida como la "conexión local", que acusaba a policías bonaerenses de haber participado en el atentado. Más tarde se comprobó que el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, había pagado con fondos reservados de la ex SIDE a Carlos Telleldín —quien había vendido la camioneta utilizada en el ataque— para que involucrara falsamente a esos policías. Como consecuencia, la investigación fue anulada y los acusados resultaron absueltos.
En 2019, un juicio por encubrimiento condenó al exjuez Galeano, a exfuncionarios judiciales y al entonces jefe de inteligencia por haber desviado deliberadamente la investigación. El expresidente Carlos Menem también estuvo imputado en esa causa, aunque falleció antes de que hubiera una condena firme.
La historia de Nisman
La causa AMIA volvió a ocupar el centro de la escena en 2013, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán para avanzar en la investigación de los sospechosos.
Dos años más tarde, el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, denunció penalmente a la entonces presidenta al sostener que ese acuerdo buscaba garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado.
El 18 de enero de 2015, apenas días después de presentar esa denuncia y horas antes de exponerla ante el Congreso, Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Su fallecimiento abrió una nueva causa judicial y profundizó la conmoción alrededor del atentado, abriendo el debate sobre un homicidio o un suicidio.
Una deuda pendiente con la verdad y la justicia
Más de tres décadas después, el atentado contra la AMIA continúa impune. No hay personas cumpliendo condena como autores materiales o intelectuales del ataque, mientras familiares y sobrevivientes siguen reclamando verdad y justicia.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por no haber prevenido el atentado y por las graves falencias registradas durante la investigación, al considerar que existió una vulneración de los derechos de las víctimas y sus familias.
Cada aniversario renueva el recuerdo de las 85 vidas que fueron arrebatadas aquella mañana de invierno y también la exigencia de una respuesta que aún no llega. Porque el atentado a la AMIA no solo representa una tragedia para la comunidad judía, sino una herida abierta para toda la sociedad argentina, que sigue esperando que la memoria encuentre, finalmente, el camino hacia la justicia.