En la jornada del viernes pasado, la pareja acusada de abuso sexual y explotación infantil en Puerto Iguazú, fueron trasladados hasta el edificio del Juzgado de Instrucción Tres de la Ciudad, y negaron todas las acusaciones.
No obstante, luego de designar abogado y contar su versión de los hechos ante los investigadores, el Juzgado ordenó que los acusados permanezcan detenidos.
El padrastro de las víctimas, fue imputado de forma provisoria por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente. Mientras que la madre de las niñas, fue por abuso sexual con acceso carnal en modalidad omisiva.
El hecho se conoció la semana pasada, tras la denuncia de la maestra y la directora de la escuela en donde las menores asistían. La menor de las niñas - de 12 años - fue quien contó el infierno que vivía en su casa, del cual eran víctimas ella y su hermana mayor de 15 años, quien padece discapacidad motriz y retraso madurativo.
Por ello, un grupo de padres se reunió con las docentes, quienes comentaron a los tutores los protocolos a seguir en casos similares. También se puso en evidencia que la institución ya había informado sobre las agresiones físicas que notaban en las menores, al igual que los vecinos del barrio donde residía la familia.
“Ya habíamos intervenido en los casos de violencia familiar, pero desconocíamos el abuso sexual. Así como la niña nos contó lo que había sucedido el fin de semana se tomó intervención y se buscó la forma de proteger a las menores de lo que estaba pasando”, explicó Patricia M., directora de la institución en la reunión de padres, según trascendió.
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Con respecto al protocolo que se sigue ante denuncias por casos de abuso, la docente explicó que cuando los maestros y directivos detectan o toman conocimiento un caso deben realizar un acta en base al testimonio del niño. La misma es elevada a la Dirección Municipal de la Niñez o a la Secretaría de la Niñez, dependiendo de la situación de cada municipio y si cuenta o no con dicha dirección.
Luego se realizan informes mensuales del estado de los pequeños, donde los docentes deben detallar si los niños continúan asistiendo a clases, si presentan signos de violencia, si están siendo cuidados en todos los ámbitos, como ser higiene, alimentación, entre otros ítems que indiquen que los hechos de violencia cesaron.
El caso horrorizó a la localidad, y tomó repercusión a nivel provincial. Los vecinos exigen que la Justicia actúe con más celeridad, no sólo en la condena de los acusados, sino también apenas se presente una denuncia por maltrato en la infancia.
Fuente: El Territorio
