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| jueves, 04 de junio de 2026
El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú aprobó ayer jueves la ordenanza que reglamenta la adhesión municipal a la Ley IV Nº 31, normativa provincial orientada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias hacia niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa establece cuál será la autoridad de aplicación y define una serie de sanciones para las personas incluidas en el Registro de Alimentantes Morosos de Misiones. Entre las principales medidas, se dispone la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, obtener habilitaciones comerciales, renovar licencias de remises o prestar servicios al municipio mientras persista la deuda alimentaria.
El proyecto fue impulsado por el concejal Alejandro Verón y debatido durante más de un año en distintas reuniones de comisión. En ese proceso participaron representantes del Poder Judicial y funcionarios municipales, con el objetivo de analizar la viabilidad operativa de la normativa y alcanzar consensos para su implementación.
Durante el tratamiento legislativo también se incorporó una propuesta presentada por el edil Humberto Pereyra, por lo que la ordenanza terminó convirtiéndose en una iniciativa de interbloques.
Desde el Concejo señalaron que la medida busca fortalecer herramientas que permitan exigir el cumplimiento de las responsabilidades parentales y brindar respaldo a quienes sostienen económicamente a sus familias frente al incumplimiento de la cuota alimentaria.
Según datos correspondientes a abril de 2026, el Registro de Alimentantes Morosos de Puerto Iguazú cuenta con 176 personas inscriptas, de las cuales 175 son hombres y una mujer.
Fuente: El Territorio
Jimena Leguizamón