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| viernes, 04 de septiembre de 2026
La investigación judicial que derivó en la detención de dos policías en Puerto Iguazú avanzó sobre una presunta estructura de cobros y beneficios irregulares que habría funcionado durante varios meses en el sector de Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V.
El expediente está a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú, conducido por el juez Martín Brites, y se inició a partir de la denuncia de un hombre que permaneció alojado en ese sector y señaló presuntos malos tratos y otras irregularidades.
A partir de esa presentación, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Misiones inició una investigación y posteriormente remitió los elementos reunidos a la Justicia. Las medidas ordenadas por el juzgado culminaron con la detención de dos suboficiales y el secuestro de sus teléfonos celulares.
Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si un efectivo habría aprovechado su función dentro de la guardia para permitir el ingreso de elementos y habilitar situaciones que se encontraban prohibidas o excedían las condiciones reglamentarias de alojamiento.
Entre las maniobras bajo análisis aparece el ingreso y utilización de teléfonos celulares. De acuerdo con la hipótesis judicial, personas vinculadas con los internos habrían entregado los aparatos al personal para que fueran ingresados al sector de alojamiento.
Por cada teléfono se habría cobrado alrededor de $100.000, mientras que la permanencia y utilización de los dispositivos dentro de los pabellones habría generado pagos semanales cercanos a $30.000.
La investigación sostiene además que los celulares eran retirados y posteriormente devueltos de manera periódica, lo que habría permitido mantenerlos dentro del lugar pese a los controles.
En determinado momento, la cantidad de aparatos habría llegado a unos diez teléfonos distribuidos entre cuatro pabellones.
Otra de las modalidades que analiza la Justicia está vinculada con las visitas íntimas.
Según la acusación, se habrían autorizado encuentros fuera de las condiciones establecidas por el reglamento a cambio de pagos que oscilaban entre $50.000 y $70.000 por visita.
Los investigadores buscan establecer si estos beneficios eran acordados previamente y cómo se realizaban los pagos, incluyendo la posibilidad de que familiares o allegados de los internos efectuaran transferencias electrónicas.
La causa también contempla una acusación de mayor gravedad: la presunta utilización de otros detenidos para ejercer violencia contra determinados internos.
La hipótesis judicial sostiene que un efectivo habría dado instrucciones a un grupo de presos para golpear a algunos compañeros de alojamiento con el objetivo de presionarlos para que solicitaran dinero a sus familiares.
Los allegados de los detenidos habrían realizado posteriormente transferencias y una parte de esos fondos podría haber terminado en manos del funcionario investigado.
Ahora la Justicia busca determinar quiénes participaron de estas maniobras, cómo se distribuía el dinero y cuál habría sido el nivel de responsabilidad de cada persona involucrada.
Las medidas realizadas el miércoles 2 de septiembre terminaron con la detención del sargento Rafael A., quien prestaba funciones en la Comisaría Segunda, y del agente Rodrigo A., integrante del Comando Radioeléctrico de Iguazú.
Ambos fueron apartados de la fuerza y permanecen a disposición del juez Brites.
Los investigadores también secuestraron sus teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado para determinar si existen comunicaciones, transferencias o contactos que puedan vincular a los efectivos con internos, familiares u otras personas relacionadas con las presuntas maniobras.
La causa investiga provisoriamente los delitos de cohecho pasivo, apremios ilegales a presos, extorsión y encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público, en concurso real.
Los hechos bajo análisis se habrían registrado entre enero y junio de 2026, aunque la Justicia intenta establecer si el presunto mecanismo se extendió durante un período mayor y si pudieron participar otros policías o detenidos.
Jimena Leguizamón