Urribarri espera una definición clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La audiencia de este jueves pondrá en discusión dos caminos para el expediente. La acusación busca avanzar hacia el debate oral, mientras las defensas procuran revisar informes que consideran centrales para el caso.
Cecilia MartínezLos procesos judiciales que investigan posibles irregularidades patrimoniales suelen avanzar entre planteos, revisiones técnicas y decisiones antes de llegar a un debate oral, donde las partes discuten qué documentación debe incorporarse y qué valor tienen los informes reunidos. En ese contexto inicia una instancia clave sobre enriquecimiento ilícito que compromete a un exgobernador.
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En expedientes de esta complejidad, la acusación y las defensas pueden discutir el alcance de las pruebas. Mientras una parte considera que ya cuenta con elementos para avanzar, la otra puede pedir nuevos estudios para revisar datos y conclusiones. La definición judicial debe resolver esa diferencia sin anticipar el resultado del proceso ni la responsabilidad de los involucrados en la causa.
Los planteos que deberá resolver el juez
Al respecto, el juez de Garantías Mariano Budasoff retomará este jueves 5 de noviembre la audiencia por la causa de presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal acusado al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri. La agenda confirma la continuidad de la audiencia dentro del cronograma judicial vigente donde tambien está imputado el empresario Diego Armando Cardona Herreros.
Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron que el expediente sea elevado a juicio oral y público. Sostienen que la investigación reunió durante casi ocho años elementos suficientes para avanzar hacia esa instancia y rechazaron el pedido de las defensas para sumar nuevos estudios sobre la documentación contable y los registros informáticos incorporados al caso.
Qué cuestionan los abogados defensores
Los abogados de Urribarri reclamaron pericias independientes para revisar diferencias entre los montos incluidos en los informes y los que, según sostienen, deberían considerarse. También plantearon que se contemplen ingresos familiares, entre ellos una operación por los derechos federativos de Bruno Urribarri, cuya transferencia en 2012 fue valuada por la defensa en 1,2 millones de dólares.
Desde la Fiscalía consideraron que el pedido fue presentado fuera de término y que no aporta elementos nuevos. Además, defendieron la validez de los informes existentes y señalaron que las partes habían sido notificadas durante la investigación. La decisión de Budasoff deberá definir si se ordenan las pericias reclamadas o si el expediente queda encaminado hacia el debate oral finalmente.
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El resultado de esta instancia marcará el próximo paso de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, aunque no determinará por sí mismo la responsabilidad penal de los acusados. Mientras espera esa definición, Urribarri permanece detenido en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, donde actualmente cumple una condena firme de ocho años de prisión dictada en otros procesos judiciales previos.
