Cecilia Martínez
El manejo responsable de los envases de fitosanitarios resulta clave para evitar consecuencias sobre el ambiente y la salud pública. Cuando estos residuos son almacenados sin controles adecuados, pueden generar riesgos que exceden el predio donde se encuentran y demandan la intervención de los organismos de la provincia encargados de fiscalizar su tratamiento y disposición.
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Detrás de los controles existe una normativa que busca ordenar el destino de materiales potencialmente peligrosos y evitar que permanezcan abandonados o acumulados sin las condiciones necesarias. Las autoridades ambientales intervienen cuando detectan incumplimientos y pueden disponer medidas para reducir los riesgos, proteger a la comunidad y garantizar un tratamiento acorde sobre los residuos.
La denuncia vecinal que puso el foco sobre el predio que recibió una multa millonaria
En este caso, la intervención alcanzó a un predio ubicado en Rosario del Tala, donde vecinos habían denunciado la situación y luego se iniciaron actuaciones oficiales. La inspección permitió comprobar que allí se almacenaban envases vacíos de fitosanitarios sin cumplir las exigencias ambientales, por lo que se dispuso un operativo para retirarlos y reducir los riesgos de esa acumulación.
El procedimiento tomó otra dimensión cuando se concretó el operativo sobre el inmueble, con intervención judicial y apoyo de la fuerza pública de Entre Ríos. Durante la medida fueron hallados 2.493 envases vacíos de plaguicidas, que permanecían expuestos a la intemperie, sobre el suelo y la vegetación, una condición que podía favorecer filtraciones y aumentar el impacto ambiental en el entorno.
Tras el retiro, los pesticidas fueron trasladados a un Centro de Almacenamiento Transitorio para recibir el tratamiento correspondiente. La acumulación de este tipo de sustancias podía provocar infiltraciones hacia las napas, además de olores y presencia de plagas y roedores, por lo que la Asociación Civil Campo Limpio intervino para acondicionar los residuos y garantizar un manejo seguro.
El operativo provincial dejó al descubierto otra parte del problema ambiental
El operativo permitió retirar una parte de los residuos que permanecían en el inmueble, aunque la situación no quedó completamente resuelta. Allí todavía permanecen otros materiales considerados peligrosos, pertenecientes a categorías diferentes de plaguicidas, que continúan sin ser trasladados ni regularizados por el establecimiento. Por esa situación, se dispuso la clausura total del predio.
La actuación en Tala terminó con una sanción de $44.592.507 y un plazo de diez días para cancelar el monto, tras determinarse infracciones a la Ley Nacional 27.279. La resolución refuerza la fiscalización ambiental y busca resguardar la salud pública y los recursos naturales ante el manejo irregular de envases de fitosanitarios, un caso que exige control para evitar riesgos sobre el ambiente.