Roberto Pico
El Gobierno nacional afronta una semana clave para obtener los fondos suficientes que le permitan cancelar el pago correspondiente a diciembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en paralelo fortalecer las reservas del Banco Central para despejar incertidumbre.
Entre el martes 20 y miércoles 21 de diciembre el país debe cancelar una cuota de U$S 2.000 millones ante el organismo multilateral y para ello espera poder contar con la aprobación formal de la tercera revisión del acuerdo vigente por parte del Directorio del FMI:
El visto bueno de la cúpula que dirige Kristalina Georgieva dispara un desembolso inmediato de unos U$S 6.000 millones que se acreditan en la cuenta del BCRA de forma inmediata.
El vencimiento al que Argentina debe hacer frente responde a la forma en que se diagramó el préstamo de Facilidades Extendidas (EFF) vigente.
El programa aprobado en marzo de este año contempló una restructuración de los vencimientos que el país debía afrontar por el stand by que en 2018 firmó el por el entonces presidente, Mauricio Macri por U$S44.000 millones, loa cuales quedaron calzado con desembolsos para afrontarlos.
Según lo aceptado por Macri, Argentina debía pagar U$S 19.000 en 2022 y U$S 21.000 millones en 2023, montos que eran inalcanzables y que obviamente iban a ser reprogramados.
El acuerdo en curso contempla 10 revisiones trimestrales y cada vencimiento fue prorrogado por 10 años. Hasta 2026 Argentina no debe hacer pagos sin una contrapartida del FMI.
Para recibir esos giros debe lograr el visto bueno en las auditorías trimestrales que habilitan giros automáticos.
El viernes 2 de diciembre el staff técnico que sigue el caso argentino emitió un comunicado en el que dio por aprobadas las metas al 30 de diciembre en lo que respecta a acumulación de reservas, déficit fiscal y emisión del BCRA, los tres pilares del programa en curso.
“El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna este mes. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a unos U$S 6.000 millones (DEG 4.500 millones)”, indicó el organismo en un comunicado oficial.
Este aval significa que el board del organismo está en condiciones de tomar el caso y su aprobación resulta una formalidad. En consecuencia, se espera para los próximos días la confirmación de cuándo se realizará ese encuentro que debiera concretarse la semana entrante para que calce con los vencimientos.
Caso contrario Argentina deberá obtener ese dinero y girarlo porque no hay opción de incumplirlo. Si ese pago no se realizará se caería el programa. Es por eso que en las oficinas del Palacio de Hacienda aguardan con ansías la confirmación del encuentro del Directorio para descomprimir la tensión camino al 31 de diciembre.
Esta es una de las herramientas centrales con las que cuenta el equipo económico para cumplir con las metas de acumulación de reservas para el cierre del cuarto trimestre del año, pero también para aceitar el mecanismo de importaciones que demanda divisas del Banco Central.
Cuando se compensen los U$S 6.000 millones de ingreso y los U$S 2.000 millones de repago, más otros compromisos externos que deben realizarse en el mes, el equipo económico espera quedar con un saldo positivo que ayude a sobrellevar el cierre de 2022.
Durante las últimas semanas se anunciaron una variedad de créditos por parte de diferentes órganos multilaterales, con preponderancia del BID, que llegarían para abultar las reservas del Central, pero aún sin un impacto en el número nominal final, en parte también por la constante sangría.
El compromiso con el FMI establece que a fin de 2022 el país tiene que contar con U$S 6.000 millones en sus reservas, objetivo para el cual también coadyuvará el dólar soja 2. Para 2023 ese compromiso asciende a U$S 9.000.
Sobre esa reunión de Directorio hay una expectativa secundaria, aunque no menor para las cuentas argentinas, que es la discusión sobre la sobretasa que paga el país haber tomado un crédito por encima de la cuota que le correspondía en el organismo.
Georgieva le prometió al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Economía, Sergio Massa, que llevaría el debate a la mesa. Argentina pide una reducción de esos intereses.