Roberto Pico
Tras el veto presidencial a la nueva ley de movilidad de los haberes, las jubilaciones mínimas transitarán septiembre con un valor que no alcanza a cubrir la canasta de pobreza.
Esta situación es producto de la decisión del Gobierno de no actualizar el bono complementario, lo que reduce el ingreso de bolsillo de los beneficiarios de menores haberes.
En en septiembre los jubilados cobran un aumento de 4,03% que lleva el haber básico a $ 234.540 que sumado el bono de $ 70.000 completa una remuneración de $ 304.540. El cobro de bolsillo de agosto había sido de $ 295.497, lo cual hace que el aumento efectivo que cada uno recibe en su cuenta sea de 3%, contra una inflación superior al 4%.
De acuerdo a los últimos datos publicados por el Indec, la canasta básica para superar la línea de pobreza para un adulto quedó en agosto en $ 304.170,44, con lo cual la jubilación mínima es apenas $ 370 superior, margen que obviamente quedó superado con los aumentos que se produjeron en los primeros días de septiembre.
A este escenario debe sumarse la decisión del Gobierno de restringir una larga lista que el PAMI entregaba de manera gratuita y era considerada una prestación adicional que completaba los haberes.
En medio de este contexto, el Gobierno confirmó que “no hay ninguna definición de cambiar el monto” del bono, ratificando que mantendrá la licuación de las jubilaciones, que en definitiva resulta uno de los pilares del sostenimiento del equilibrio fiscal.
Es más, según trascendió el presidente estaría evaluando realizar algún tipo de reconocimiento a los 87 diputados que el consideró como “héroes” por haber permitido que el veto a la nueva ley quedara firme.
Durante los últimos días se especuló con la posibilidad de que Milei aceptará mejorar los bonos compensatorios como una forma de atenuar el veto, pero esa posibilidad quedó hoy descartada, al menos momentáneamente.
El jueves, el Gobierno recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a esta medida en aras del mantenimiento del superávit fiscal.
Durante octubre la situación podría tener un mínimo alivio en caso que la inflación de septiembre esté por debajo del 4,2% ya que ese será el aumento que recibirán los jubilados (correspondiente a la inflación de agosto).
Los primeros indicios de la evolución de precios de septiembre son contradictorios, dado que hay consultoras que hablan de aumentos de entre 0,6% y 0,5% en las dos primeras, mientras que otros estudios se animaron a publicar una leve deflación.
En su prédica, el Gobierno sostiene que las jubilaciones ganaron el 5% en términos reales en los últimos ocho meses, pero esa cuenta se realiza sobre el haber base ignorando el efecto del bono compensatorio.
Diagnóstico
Cerca del 40% del gasto total del Estado nacional corresponde a jubilaciones y pensiones, con lo cual hacia allí dirigió la poda el Gobierno con el argumento de que la cantidad de beneficiarios estaba indebidamente ampliada por la inclusión durante el Gobierno anterior de personas que no habían aportado.
Según datos de Anses, el 59% del total de beneficiarios de jubilaciones y pensiones accedió al beneficio mediante una moratoria, o sea sin haber aportado.
Es decir, que a junio de 2024 de los 7,2 millones de beneficiarios, 4,3 millones están administrados con recursos de ANSES.
Esto implica una relación de 1,5 aportante por cada beneficiario cuando en realidad la relación debía ser 3,3, según un resaltó un informe de la Fundación Libertad y Progreso.
La informalidad en el mundo del trabajo es la principal razón de este desequilibrio, dado que cerca del 40% de la fuerza laboral en la Argentina no está registrada y por ende no realiza aportes a la seguridad social.
“Cuando se analiza la evolución de las nuevas jubilaciones y pensiones que se van otorgando año a año, se encuentra que cada vez más beneficios se otorgan en el marco de moratorias previsionales. Sólo el 25% de las jubilaciones y pensiones que se otorgaron en 2023 fueron sin moratoria. Mientras que en el primer semestre de 2024 la proporción fue del 30%”, añadió el trabajo.
De acuerdo a este estudio, durante 2023 sólo el 51% de los recursos de la Anses fueron genuinos de aportantes con salarios registrados.
Esto obligó a que el 41% fuera un redireccionamiento de los ingresos por impuestos que no están directamente vinculados al trabajo, incluyendo el IVA, el Impuesto a los Combustibles Líquidos, Monotributo, el Impuesto al Cheque (Débitos y Créditos), Cigarrillos y el Impuesto PAIS. El 8% restante de los recursos de la Anses fueron rentas de la propiedad derivadas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y otros ingresos.