La tasa de pobreza llegó a 43,1% durante 2022 y afecta a 17 millones de personas según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En tanto, 8,5 millones de personas son indigentes, que equivalen a una tasa de 8,1%.
A su vez, el trabajo remarcó que la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década como consecuencia de un deterioro general que incluye las condiciones económicas, sociales y laborales.
El último dato oficial del INDEC corresponde al primer semestre del año cuando indicó que la pobreza en la Argentina era de 36,5%. El organismo volverá a publicar su estimación en marzo de 2023.
La UCA puso de relieve que la actual asistencia social que es dispensada por los tres niveles del Estado impide que la pobreza llegue al 50% y que la tasa de indigencia alcance el 20%.
El trabajo además muestra que el segmento de pobres se alimentó por sectores de clases de trabajadores de sectores medios y populares que son aquellos en los que más impacta la falta de trabajo y la inflación.
Al respecto, señaló que si la tasa de inflación descendiera a un dígito la tasa de pobreza podría caer entre 10 y 15 puntos.
El relevamiento mostró que el 40% de los hogares en los que habita el 50% de la población ha recibido algún tipo de asistencia oficial o programa complementario.
La UCA se preocupó en aclarar que “ni las políticas de liberalización económica, ni las políticas de asistencia social son suficiente por sí solas para promover un modelo de desarrollo equilibrado”, procurando de esta forma esquivar una posición que la ubique en alguno de los dos espacios de la “grieta”.
Para conformar su trabajo, la institución académica no solo toma en cuenta los ingresos sino que también evalúa las condiciones socio económicas generales, entre la que se ponderan el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable.
La UCA sostuvo que entre 2010 y 2022 la sociedad argentina no mostró “cambios relevantes”.
A su vez reveló que el 70% de la población ha estado afectado en al menos uno de estos derechos fundamentales”, mientras que el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.
“Aún con variaciones positivas por momentos, el análisis de la tendencia general muestra que en 2022 los hogares y la población de la Argentina urbana no experimentaron mejoras significativas en el acceso al bienestar respecto a 2010″, afirmó.
Asimismo, señaló que “al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, afirmó el trabajo de ODSA.
También consideró que “sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado”.
