Leandro Boyer
La Corte Suprema de la Nación ordenó este martes acelerar el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras persiste la incertidumbre en torno a qué sucederá con los representantes del ámbito legislativo, fundamentalmente del Senado.
El máximo tribunal formalizó su decisión a través de una acordada que firmaron su presidente, Horacio Rosatti, y los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Luis Lorenzetti y el administrador general Héctor Marchi.
La Corte solicitó que se “disponga lo necesario para proceder a recibir los juramentos de la ley” de consejeros seleccionados por el Poder Ejecutivo, por los jueces, los abogados y por los académicos.
En rigor, pidió que se le tome juramento a Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi (académicos); a María Fernanda Vázquez, Miguel Piedecasas, Jimena De la Torre y Héctor Recalde (abogados); a Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola (Poder Judicial); y a Gerónimo Ustarroz (Poder Ejecutivo).
La definición se produce en medio del conflicto que se destacó días atrás, cuando la Corte rechazó la estrategia del Frente de Todos en la Cámara de Senadores para nombrar a Martín Doñate en el Consejo y ordenó que ese lugar lo ocupé el senador cordobés por el PRO Luis Juez.
Mientras, se demoran las definiciones en el Congreso para postular a sus representantes y el próximo viernes se deberá proceder con el recambio de autoridades en el Consejo, organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces de todo el país.
Vale recordar que el máximo tribunal modificó la composición del Consejo, en diciembre del año pasado, al declarar inconstitucional la ley que se aprobó en 2006 para que el organismo tenga 13 integrantes y ordenó elevar el número a 20, tal como lo estableció la ley 24.937, de 1997.
La normativa vigente indica que el organismo será presidido por el titular de la Corte Suprema de la Nación, y que tendrá 4 representantes del Poder Judicial, 4 de la Cámara de Senadores y 4 de la Cámara de Diputados, 4 de los abogados con matrícula federal, 1 del Poder Ejecutivo Nacional y 2 del ámbito académico.