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| jueves, 04 de junio de 2026
La Justicia federal ordenó frenar el cierre del programa “Volver al Trabajo”, de modo que el Gobierno de Javier Milei deberá mantener los pagos. La decisión se conoció este martes, luego de que se le diera lugar a un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular.
De esta manera, el Ministerio de Capital Humano debe mantener las prestaciones económicas del programa en un plazo de tres días y hasta que haya una sentencia definitiva. La resolución advierte que la interrupción del plan sin un reemplazo claro "perjudica derechos básicos de los sectores más vulnerables".
Para el juez cerrar de manera abrupta el programa -y sin un mecanismo alternativo equivalente- "afecta derechos constitucionales vinculados a la alimentación, el trabajo y la seguridad social". En ese sentido, remarcó que se trata de un ingreso de carácter esencial para quienes no tienen inserción en el empleo formal.
El Gobierno había anunciado la finalización del plan el 7 de abril, con efectos desde el 9 del mismo mes, y planeaba reemplazarlo por un sistema de vouchers para capacitación. Sin embargo, según los demandantes argumentaron que ese esquema "no tenía precisiones claras sobre su alcance ni su implementación".
El programa “Volver al Trabajo” reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo, es decir, aquellas personas que recibían el anterior fueron transferidas al nuevo.
Abarca a quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo y tienen entre 18 y 49 años. Otorga una asignación mensual no remunerativa de $78.000 y alcanza a cerca de 900.000 personas en todo el país.
Para muchos beneficiarios, este ingreso representa su única fuente de sustento, lo que fue clave en la decisión judicial de frenar su eliminación.
La medida es cautelar, es decir, seguirá vigente hasta que se resuelva el fondo de la causa. En tanto, el Gobierno deberá garantizar el pago del beneficio o enfrentar posibles sanciones económicas por incumplimiento.
El fallo no solo impacta en la política social actual, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo deben implementarse cambios en programas de asistencia, especialmente cuando afectan a sectores vulnerables.
Claudia Mercado