Roberto Pico
Ante la ola de frío polar que impacta en todo el país, el secretario de Energía, Daniel González, aseguró que está garantizado el abastecimiento de gas y que los hogares son prioridad en el suministro.
La situación es diferente en el sector industrial y en la distribución de GNC, segmentos donde se registran cortes, que se concentran en los servicios con contratos interrumpibles.
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La base del problema es que, a la fecha, la producción de gas es aproximadamente de unos 140 millones de m3 por día, mientras que en los picos de demanda de parte de hogares e industria llega a trepar a 180 millones de m3.
González habló este jueves, cuando una masa de aire polar se instaló en la mayor parte del territorio nacional dejando temperaturas bajo cero. Incluso se reportó la caída de una suave nevisca en lugares inhabituales como la costa atlántica.
“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable”, entre los que indicó que algún yacimiento quede fuera de producción o problemas en los sistemas de transmisión o de distribución.
El funcionario remarcó que "la demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha” porque “el sistema de gasoductos tiene la presión correcta y los yacimientos están produciendo como tienen que producir”.
González sostuvo que, si bien la producción de Vaca Muerta es creciente, para cubrir los picos de demanda que se producen en invierno sería necesaria una inversión en infraestructura que no sería rentable.
En consecuencia, el faltante en períodos puntuales se completa con importaciones de GNL. Este año el Gobierno intentó delegar esta operación en el sector privado, pero problemas en la instrumentación de las licitaciones y la suba de precios que introdujo la guerra en Medio Oriente hicieron fracasar esta idea.
Finalmente, desde mayo se estableció un cronograma de llegada de barcos de GNL que se conectan a la planta regasificadora de Escobar. En total serían unos 28 barcos los que serían necesarios este invierno. En 2025 se compraron 27 y en 2024 fueron 28.
Luego el Gobierno vende el GNL a través de subastas públicas a las empresas al costo de adquisición más regasificación.
A raíz de este escenario, González deslindó de responsabilidad al Gobierno por los cortes y apuntó al sector privado: “Aquí entra la planificación de cada empresa, que puede decidir parar por un período corto y esperar que se normalice el suministro o pagar el GNL que es más caro”.
El funcionario detalló que habitualmente el precio del GNL importado es tres veces superior al precio del gas que se vende en forma interna, pero que por las circunstancias de la guerra ahora es seis meses mayor. El precio local es de U$S 3,5 por millón de BTU y dada la coyuntura actual el importado supera los U$S 20 por millón de BTU.
El secretario de Energía indicó que el año que viene es posible que se reduzcan los cortes de gas porque la compañía TGS culminará una expansión grande de la red que aportará 14 millones de metros cúbicos a la capacidad de transporte.
En los últimos días, el Gobierno habilitó una suba de la tarifa del gas del orden del 3%. Al respecto, González explicó que ese porcentaje surge de la inflación y de la suba del dólar, que subió casi $ 100 en el último mes. La incidencia que tiene el dólar en las tarifas es uno de los motivos principales por los que el Gobierno pone el foco en que no se desboque.
“Nosotros queremos transparentar el costo de la energía para que cada actor económico pueda tomar decisiones racionales de consumo”, remarcó González.
Cabe recordar que hace pocos días el flamante vocero, Adrián Ravier, tuvo una frase desafortunada cuando sostuvo que el Gobierno tuvo que tomar la decisión antipática de cuadriplicar el precio de las facturas y, en función de ello, cada familia tomó la decisión de usar más o menos gas o “abrigarse más”.
Además de Córdoba y el AMBA se registran problemas severos con el suministro de gas en Mendoza, San Juan, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
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Qué pasa con el precio de las naftas
Consultado sobre la situación del precio de las naftas, González aclaró que el Gobierno dispuso un ajuste de 1% en el impuesto sobre los combustibles, pero que luego cada empresa decide si lo traslada o no a los surtidores y si le agrega un porcentaje adicional por su operación.
Al momento, rige el acuerdo entre petroleras y refinadoras por el “buffer” de precio que se pactó cuando el precio del barril cotizaba en el orden de los U$S 100. A raíz de ello, existiría cierto margen para que las empresas puedan absorber el ajuste impositivo sin tocar el precio a los consumidores.