Roberto Pico
El Gobierno nacional redobló sus cuestionamientos a la oposición por las advertencias que lanzó por el volumen de la deuda pública a pocos días de una nueva licitación que dará cuenta del ánimo de los inversores para continuar financiado al Estado.
Lejos de intentar aplacar los ánimos ante la inminencia de una operación que puede definir el derrotero financiero del Gobierno, el asesor presidencial, Antonio Aracre, embistió nuevamente contra el exministro de Economía, Hernán Lacunza.
El cruce se dio en momentos en que Lacunza ofrecía una entrevista periodística radial en el que ampliaba conceptos previos sobre las consecuencias de nivel de deuda en pesos, cuyos vencimientos se concentran durante el primer semestre del año.
“Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del exministro Lacunza tratando de explicar que no dijo lo que dijo con relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos. No se juega con fuego si no te gusta quemarte. Es la patria la que está en juego”, fue el tweet que publicó en ese momento el flamante asesor presidencial.
Tal vez en forma inconsciente, Aracre eligió una frase muy parecida a la utilizada en su momento por el ahora oficialismo para repudiar el acercamiento de Mauricio Macri al FMI: “La Patria está en riesgo”.
Lacunza insistió con sus cuestionamientos: “El Gobierno habló tres años de que la culpa fue del Gobierno anterior. Y ahora quiere echarle la culpa al que vendrá el año que viene”.
De esta forma, el mercado continúa absorbiendo las discusiones políticas y su reacción se verá reflejada en las próximas operaciones.
“Las idas y vueltas de las últimas ruedas entre el oficialismo y la oposición respecto a la abultada deuda en pesos se encuentran siendo monitoreada de cerca y hasta ahora con preocupación por los inversores, toda vez que una coordinación entre ambas fuerzas sería indispensable para extender los concentrados vencimientos de corto plazo y así administrar los ¨roll-over¨ más allá de la ‘muralla’ que representan las elecciones”, sostuvo el economista Gustavo Ber.
El Gobierno sabe que está delante de un problema de difícil resolución. De hecho, la primera decisión del año fue un canje de deuda para despejar los vencimientos del primer trimestre.
El resultado fue medianamente positivo porque las obligaciones bajaron de $ 4,3 billones a $ 1,4 billones, pero sin poder extender los plazos de vencimiento.
Una de las claves de ese resultado fue que cerca del 60% de los títulos estaba en poder de organismos públicos, lo que favoreció el truque.
La contrapartida es que ahora la mayor porción de las obligaciones que operan en febrero y marzo están en manos de privados.
Durante este mes, el Gobierno afrontará dos licitaciones por un total de aproximadamente $ 510 mil millones. La primera operación se realizará el próximo miércoles 15 por unos U$S 305 mil millones y la segunda el viernes 24 por U$S 205 mil millones.
Dado que son volúmenes relativamente bajos para el mercado, se descuenta que la Secretaría de Finanzas obtendrá los fondos necesarios, pero la clave pasará por la tasa que deberá pagar y los plazos. En el menú de títulos que se ofrezca estará la clave de la intención del Gobierno.
La discusión en torno a la deuda pública también se coló en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados cuando el diputado por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, comparó los volúmenes tomados por los distintos gobiernos.
“En el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández la deuda subió U$S 15 mil millones por año y en el del presidente Mauricio Macri otros U$S 15 mil millones por año. Esto lo hice siguiendo la metodología que usó el actual viceministro, Gabriel Rubinstein. La deuda con el FMI es en este momento un décimo de la deuda pública. O sea, hacen un escándalo cuando han colocado por año U$ 40 mil millones año en los tres últimos. Por eso el grito de alarma”, explicó.
López Murphy recordó que votó en forma negativa el actual acuerdo con el FMI porque le traspasaba al próximo gobierno una alta carga de deuda.