Roberto Pico
Mientras se transita una profunda recesión económica, el Gobierno nacional avanzó este martes en una serie de medidas de impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía al aplicar una actualización del impuesto a los combustibles y anunciar un cronograma de eliminación total de los subsidios en las tarifas de luz y gas.
Los números proyectados son particularmente alarmantes, dado que en 30 días las naftas podrían acumular un aumento de 30%.
Luego de postergar la suba del tributo a los combustibles correspondiente a mayo para sostener la desinflación, el Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 466/2024 en el que estableció cómo se aplicarán los aumentos pendientes.
La norma fijó que desde el 1° de junio el impuesto sube 8% u $ 11 y pasa de $ 132 a 143 por litro, lo cual eleva el precio final 1,2% en naftas y 1,5% en gas oil. Pero el valor en los surtidores podría incrementarse entre 4% y 5%, debido a que se sumará el aumento que determinen las petroleras en función de su rentabilidad.
Asimismo, el decreto indica que las actualizaciones que corresponden por la inflación del cuarto trimestre del año 2023 y del primer trimestre del 2024 se realizarán a partir del 1° de julio.
En ese momento, el tributo tendría un incremento del 115%, elevándose desde $143 hasta $306 por litro, lo que impulsaría una suba mínima de 16% en Córdoba, a lo que también se le sumaría la suba de las petroleras. De cumplirse estos pasos, el valor en los surtidores puede incrementarse más de 30% en 30 días.
Esta proyección es una amenaza para el sistema de precios dado que pueden adelantarse las actualizaciones para hacer frente a los mayores costos.
Qué pasará con las tarifas de luz y gas
Por otro lado, el Gobierno también anunció un plan para quitarle por completo los subsidios a la clase media y a los sectores de menores recursos (usuarios clasificados como N2 y N3) en un plazo menor a un año.
A través del Decreto 465 estableció un “Período de transición” que va desde el 1° de junio hasta el 1° de noviembre -extensible por otros seis meses-, plazo en el que no habrá aumentos de tarifas y se avanzará en la elaboración de la Canasta Básica Energética (CBE) y el diseño del programa de supresión de subsidios.
“Los objetivos del nuevo esquema son: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, señaló el Gobierno en los fundamentos de la norma.
El Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados”.
Por definición la CBE contempla las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica conforme al mapa de zonas bioambientales.
Sobre esa base el Gobierno intentará diseñar un esquema de ayuda estatal mucho más limitado y orientado a los sectores más vulnerables.
La duda está en la velocidad en la que se implementarán estos cambios y la tolerancia de la sociedad dado que en muchas provincias hubo fuerte reclamos por el nivel actual de las tarifas.
Acelerar este proceso puede complicar el escenario durante el segundo semestre del año si no se recupera la actividad económica, pero trasladarlo a 2025 puede ser un obstáculo importante de cara a las cruciales elecciones legislativas de medio término.
El decreto dejó sin efecto los límites respecto del precio mayorista en el componente de la energía, de N2 (40%) y N3 (80%) sobre la base del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
“Dichos límites del CVS impedían seguir en el sendero de corrección de precios y tarifas que impulsa este Gobierno”, señaló el Gobierno.
La norma publicada hoy faculta a la Secretaría de Energía a generar el marco adecuado para “una transición gradual y ordenada”.
Los parámetros fijados para ese objetivo son:
* Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados para los usuarios residenciales de todas las categorías y segmentos.
* Fijar el nivel de los descuentos y bonificaciones para los usuarios de recursos bajos y medios y establecer el esquema de cobro de las cantidades consumidas en exceso por los usuarios a los precios mayoristas, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción.
* Revisar los máximos a subsidiar y los criterios de segmentación para los usuarios que reciben subsidios, con el objetivo de establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
* “Invitar” a los usuarios a reempadronarse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y determinar los mecanismos para compensar a las empresas por los menores ingresos producidos por los subsidios.