Roberto Pico
El mercado financiero respondió con cautela a la posibilidad de que finalmente se concrete el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los ADRs de acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York arrancaron la operación con fuertes subas, pero en la última parte de la rueda la tendencia se dio vuelta y más de la mitad de los papeles terminaron en rojo. Un comportamiento similar tuvieron los bonos soberanos.
La reversión se produjo poco después de que cuentas en redes sociales que se asocian al oficialismo salieran mostrar capturas de pantalla con cotizaciones de papeles locales con subas de 8% y de 3%. Este comportamiento en Wall Street genera incertidumbre sobre el mercado local, que el miércoles reanudará las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires, tras los feriados por Carnaval.
Uno de los interrogantes que se abrió luego de que el presidente, Javier Milei, anunciara que enviará al Congreso Nacional el programa con el FMI para su aprobación, era como tomarían los inversores la necesidad de que el texto quede sujeto a la negociación política. Esto supone una complicación para el Poder Ejecutivo dada su debilidad parlamentaria y la proximidad de un proceso electoral que promete mayor dureza en el debate.
El envío al Congreso Nacional del acuerdo no resulta una concesión republicana y de diálogo de Milei, sino que es una imposición de la legislación argentina y una exigencia del FMI.
De allí se unen las dos declaraciones que se produjeron en los últimos días. El viernes la subdirectora del FMI, Gita Gopinath, dio a conocer una reunión virtual que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en una acción inusual. Al otro día, Milei le dice al Congreso que le dará participación en la discusión. Esta secuencia no es un hecho casual, sino que está deliberadamente sincronizada.
En varios reportes, el FMI había dejado claro que pretendía que el programa tenga el consenso del resto de las fuerzas políticas. Milei tuvo que aceptar pese a su incomodidad.
Que se involucre al Congreso deja otra definición importante para el mercado: es un nuevo acuerdo y no una extensión del que finalizó en 2024 o una reversión del standby de 2018. Esto también supone nuevas condicionalidades que son las que los analistas espera para evaluar el grado de exigencias.
El segundo interrogante es conocer si el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo incluye todo el programa o Milei solo le pedirá al Congreso la autorización para nuevo endeudamiento, como lo exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la deuda pública que impulsó, Martín Guzmán.
Liquidación de agroexportadores
El sector agro exportador liquidó US$ 2.181 millones durante febrero, mes en el que parcialmente comenzó a regir la baja de retenciones anunciada por el gobierno nacional, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Este volumen representa un 45% superior al de febrero de 2024 y es 5,2% mayor al que se registró en enero.
Cabe recordar que el Gobierno había anunciado una baja en las retenciones a fines de enero para la norma, necesitó una serie de ajustes normativos que postergaron su plena vigencia hasta mediados de febrero, que fue el momento en que comenzó a acelerarse la liquidación del agro.
Este volumen fue, en parte, el que le permitió al gobierno mantener una elevada intervención en el mercado cambiario, para sostener las cotizaciones de los dólares financieros.