Este viernes, se conoció el pedido de prisión que solicita la Fiscalía para el exjuez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila. El mismo, junto con dos de sus secretarios, un grupo de abogados, narcos y un intendente, están siendo juzgados desde junio del 2022 por conformar una banda que protegía a un grupo de narcotraficantes.
El fiscal Carlos Schaefer pidió 15 años de prisión para Soto Dávila, y en su solicitud de condena, el fiscal sostuvo que “acá se está juzgando a un ex juez federal y a sus dos ex secretarios penales por cobrar dádivas, de forma sistemática, pagadas por grupos narcocriminales, para darles impunidad”.
Según detalla Clarín, Schaefer detalló que esta asociación ilícita duró al menos 7 años y que para “cobrar se valieron de abogados y un ex político de Corrientes, quienes se encargaban de negociar con los narcos”.
Las condenas solicitadas para Soto Dávila y los integrantes de la supuesta banda que protegía narcotraficantes en Corrientes
Para Soto Dávila se pidió “15 años de prisión, inhabilitación absoluta y especial perpetua, multa de 75.000, accesorias legales y costaspor considerarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades”, detalla Radio Sudamericana.
Mientras que para Pablo Molina, se pidió una pena de “doce (12) años de prisión, inhabilitación absoluta y especial perpetua, multa de $65.000, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de partícipe necesario -persona interpuesta-, reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente entre sí”.
Para Federico Grau, el otro secretario, se solicitó “la pena de nueve (9) años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y especial perpetua, multa de cincuenta mil pesos ($50.000), accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro de la organización, en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de partícipe necesario -persona interpuesta-, reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente entre sí”. Además, para:
- Duylio Horacio Barboza Galeno se pidió 8 años de prisión.
- Gregorio Humberto Giménez: 7 años de prisión.
- Tomás Alfredo Vigliane: 5 años de prisión.
- Juan Manuel Faraone: 2 años y 5 meses de prisión.
Qué ocurrió en los alegatos en el juicio por la causa Itatí
Los alegatos se realizaron durante la jornada del lunes y viernes y en la misma se señaló que los acusados formaban parte “de una asociación ilícita que tenía como finalidad principal la de brindar cobertura judicial para el desarrollo de las actividades de la organización narco criminal liderada por Federico Sebastián Marín y Carlos Bareiro”.
“Esa connivencia del entonces juez federal Soto Dávila y sus dos secretarios, Grau y Molina, consistió en evitar avanzar en las investigaciones a su cargo vinculadas a operaciones de esa organización criminal, de modo tal de no comprometer judicialmente a sus líderes (Marín y Bareiro), como también mejorar la situación procesal de aquellos miembros que por el accionar preventivo de las agencias de seguridad fueran apresados, otorgando libertades contrarias a derecho”, remarcó la Fiscalía.
Y los alegatos concluyeron de manera contundente: “No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción, menos aún si esa corrupción está enquistada en el Poder Judicial, que debe sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas”.