La Justicia Federal ordenó el viernes 22 de febrero la detención del recientemente renunciado juez correntino Carlos Soto Dávila, procesado como presunto jefe de una red de narcotraficantes en la provincia de Corrientes.
Soto Dávila, de 70 años, se encontraba este viernes internado en el Instituto Cardiológico de la ciudad de Corrientes tras haber sufrido aparentemente complicaciones cardíacas en las últimas horas, como consecuencia de su compleja situación judicial.
El acusado se desempeñaba a cargo del Juzgado Federal de 1era instancia de Corrientes y esta semana le presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri, quien se la aceptó inmediatamente con el decreto 141/2019 publicado en el Boletín Oficial el jueves.
Como Macri está de gira internacional, la decisión lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El juez presentó su dimisión dos horas antes de que el Consejo de la Magistratura suspendiera la audiencia en la que se iba a analizar la situación del magistrado, debido a que se encuentra procesado y con pedido de prisión.
La suspensión de la audiencia se debió precisamente a la presentación de la renuncia por parte de Soto Dávila, y desde el Consejo habían explicado que la postergación no representaba "una cancelación".
Soto Dávila había sido procesado en diciembre pasado por el juez porteño Sergio Torres, quien lo vinculó en una megacausa por tráfico de marihuana en la ciudad correntina de Itatí, en la que ya hay una decena de detenidos.
La acusación contra el ahora ex magistrado es gravísima: está procesado como jefe de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo agravado y prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley). Y pesa un embargo en su contra por 20 millones de pesos.
Como el procesamiento había sido dictado con prisión preventiva pero el juez gozaba de inmunidad de arresto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el 26 de febrero próximo estaba prevista una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.
Federico Grau (56) y Pablo Molina (48), ambos secretarios del juez acusado, están presos desde el 4 de diciembre. Recibieron un procesamiento con prisión preventiva, por lo que seguirán en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. En el caso de Grau el embargo fue de 13 millones de pesos y en el de Molina de 15 millones.
Algo muy similar ocurrió con el ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone (55) y cinco abogados a los que se acusa de ser los intermediarios entre los narcos y el juzgado en el comercio de beneficios a cambio de coimas. Fueron procesados con preventiva como miembros de la asociación ilícita.